Trabajadorxs de los servicios públicos locales en primera línea de las zonas de guerra

En 2024, el mundo se ve sacudido por múltiples crisis convergentes. La persistencia y la escalada de los conflictos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, las pandemias, la pérdida de biodiversidad, el coste de la vida, la crisis mundial de la vivienda y las formas de desigualdad están deteniendo -si no revirtiendo- décadas de progreso social y económico, poniendo en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Juntas, estas crisis están haciendo retroceder los progresos realizados hacia un mundo socialmente más justo y democrático, anclado en la solidaridad, la cooperación, el multilateralismo, la defensa de los derechos fundamentales y el acceso equitativo a unos servicios públicos vitales para todas las personas, prestados en gran medida por los servicios públicos y sus trabajadores.

Con más de 110 conflictos armados activos en todo el mundo en 2024, la guerra destaca tristemente entre otras muchas crisis. Desde la crisis de Israel-Gaza-Líbano hasta Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Etiopía y Libia, lxs trabajadores de los servicios públicos locales son a menudo lxs únicos protectores de la población civil, prestando servicios críticos y llevando ayuda a las víctimas y a lxs habitantes de los territorios devastados por la guerra.

Lxs trabajadores de los gobiernos locales y regionales (GLR) prestan servicios en medio de la guerra

En Ucrania, lxs bomberos y lxs trabajadores de los servicios públicos de emergencia -muchxs voluntarixs- son los primeros en correr a los edificios y locales atacados por las bombas para rescatar a lxs heridxs, recuperar los cadáveres y restablecer las infraestructuras críticas, a pesar de contar con recursos muy limitados y escasa protección. Muchos son víctimas de tácticas de "doble bombardeo", destinadas a despertar a los servicios de emergencia locales golpeando dos veces el mismo objetivo y matando al personal de rescate y a lxs médicos que corren al lugar tras el primer ataque.  

La afiliada ucraniana de la ISP, Atomprofsilka, representa a lxs trabajadores de la energía nuclear de Zaporizhzhia, la mayor central nuclear de Europa, que funciona bajo control ruso desde el 4 de marzo de 2022. Casi 10.000 trabajadores fueron requisadxs por las fuerzas rusas y ahora operan bajo una presión y unas condiciones insoportables, todo ello mientras tienen que priorizar la seguridad nuclear para todxs. El personal de la salud y hospitalario también está en el punto de mira: el pasado mes de julio, el Sindicato Médico de Kiev, que forma parte del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Ucrania, afiliado a la ISP, perdió a miembros del personal médico de primera línea que trabajaban en el Hospital Nacional Especializado Infantil Okhmatdyt, el mayor centro de salud infantil de Ucrania, al ser bombardeado en Kiev.

A medida que la guerra hace estragos, las necesidades de cuidados entre la población ucraniana -incluidxs ancianxs, niñxs, heridxs, discapacitadxs, civiles y soldados desplazados y traumatizados- son inmensas, lo que supone una enorme presión física, mental y material, especialmente para lxs cuidadores y trabajadores sociales. A pesar de estos abrumadores retos, las instituciones municipales conocidas como "centros territoriales de servicios sociales" siguen proporcionando una protección social esencial. En el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo 2024, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) organizó un acto de diálogo público en línea con el sindicato de trabajadores del cuidado y de los servicios sociales de Ucrania para arrojar luz sobre el impacto de la guerra en las condiciones de lxs cuidadores sociales.

En Gaza, más de 500 profesionales de la salud han muerto desde el 7 de octubre de 2023, como consecuencia de los repetidos ataques contra hospitales e instalaciones médicas, una práctica que vulnera el derecho internacional. Además de las instalaciones sanitarias, todos los servicios públicos locales resultaron dañados: más de 392 infraestructuras educativas, 132 pozos de agua y 24 hospitales fueron alcanzados.  

Los servicios públicos y las infraestructuras locales ya están dañados o gravemente comprometidos, y la población civil local paga el precio. Toda la red de suministro de energía sigue desconectada debido a las restricciones a la importación de combustible, y el corte de las líneas externas ha paralizado las plantas de desalinización y tratamiento de agua, mientras que las aguas residuales fluyen abiertamente por las calles.

También se han destruido los servicios de agua, saneamiento y basuras, lo que ha provocado muertes por deshidratación y contaminación. Los daños en las redes de alcantarillado han hecho que las aguas residuales se esparzan por las calles, mezclándose con los residuos sólidos y médicos, lo que ha provocado malos olores y la propagación de enfermedades. La mayoría de los vertederos e incineradoras locales se encuentran en el este de Gaza, clasificado como zona roja y, por tanto, inaccesible. Como consecuencia, los residuos sólidos y los desechos médicos se han amontonado en las calles, mezclándose con los escombros.

Esta crisis ha deteriorado aún más una situación de salud pública ya de por sí grave, intensificando la vulnerabilidad de las mujeres y los niños, especialmente en los campos de desplazadxs y los refugios, donde más de dos millones de personas soportan condiciones inhumanas. El movimiento sindical mundial sigue pidiendo un alto el fuego inmediato en Gaza y el pasado mes de mayo la ISP se reunió con afiliadas palestinas durante una misión del Consejo de la Agrupación Global Unions en Palestina.

En Líbano, donde el ataque comenzó el 8 de octubre, la violencia se está intensificando rápidamente, lo que hace extremadamente peligroso para lxs trabajadores públicxs locales -ya sometidxs a una gran presión debido a la crisis económica y a las consecuencias de la devastadora explosión del puerto de Beirut en 2020- prestar servicios básicos a la población local. Según las autoridades libanesas, desde el 5 de octubre, la escalada del conflicto ha obligado a cerrar al menos 5 hospitales y 96 centros y dispensarios de atención primaria de la salud. Esto ha afectado gravemente a la disponibilidad de servicios médicos esenciales, incluidos los cuidados de urgencia, las enfermedades crónicas y la salud materno infantil.

Los ayuntamientos de Cisjordania acogen y recolocan a lxs trabajadores municipales desplazadxs de Gaza

Los municipios de Cisjordania están haciendo esfuerzos asombrosos para alojar a las personas desplazadas, incluidas lxs trabajadores municipales de Gaza, muchos de lxs cuales han sido reasignados y siguen prestando servicios en sus nuevos emplazamientos. En Nablús, el ayuntamiento habilitó cuatro refugios para alojar a 740 personas -entre ellas trabajadores municipales desplazadxs de otras zonas azotadas por la guerra y sus familias- proporcionándoles camas, comida, bebida, ropa y ropa interior, medicinas y los cuidados médicos necesarios.

Lxs trabajadores municipales de todas las ciudades de Cisjordania están sufriendo graves penurias debido a la destrucción generalizada de infraestructuras, edificios y carreteras. Muchxs han perdido la vida, por ejemplo en Nablús, Yenín y Hebrón. A pesar de los enormes peligros y dificultades, lxs trabajadores municipales siguen sirviendo sin descanso a las comunidades locales, haciendo frente a constantes amenazas de lesiones y muerte para prestar servicios esenciales. En reconocimiento a esta extraordinaria dedicación, los ayuntamientos de Cisjordania han aplicado las mismas condiciones laborales y prestaciones de lxs trabajadores permanentes -incluido el pago de horas extraordinarias- a lxs trabajadores municipales desplazados de Gaza, que normalmente prestarían servicio como personal temporal.

Los servicios públicos para todxs son la base de un mundo pacífico, próspero y justo

Son lxs trabajadores de los servicios públicos locales los que prestan servicios vitales allí donde se producen las crisis y ofrecen cobijo, fomentan la resiliencia y satisfacen las necesidades básicas de las comunidades locales en momentos extraordinariamente difíciles. Lo hacen jugándose la vida y ayudando a las comunidades a sobrevivir y reconstruirse.  A menudo lo hacen con herramientas limitadas, equipos de protección inadecuados, salarios impagados, malas condiciones de trabajo y un acceso escaso o nulo a la protección social y los derechos laborales.

Las autoridades locales -la forma de gobierno más inmediata, visible y accesible- siguen siendo fundamentales en las zonas de guerra: sin embargo, a menudo sus recursos se ven mermados y sus competencias recortadas en el momento en que más se necesitan. Algunas no pueden permitirse dotar de personal y pagar servicios vitales de primera línea para ayudar a sus poblaciones golpeadas por la guerra. 

Por ello, en el Día Mundial de las Ciudades 2024, la ISP quiere rendir homenaje y llamar la atención del mundo sobre el sacrificio y la dedicación de lxs trabajadores de los servicios públicos locales que prestan servicio en zonas de conflicto. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, a los Estados, a los alcaldes y alcaldesas, a los GLR y a las organizaciones aliadas para que se unan al llamamiento para el cese inmediato a los conflictos sin sentido y a (re)construir, en su lugar, un mundo basado en la paz, la equidad, el progreso, la solidaridad, la justicia de los servicios públicos y los derechos humanos y de lxs trabajadores.

Este mensaje es también el núcleo del Programa de Acción de la ISP aprobado en el Congreso de 2023, titulado "Programa de Acción de la ISP 2023-2028: El pueblo por encima del lucro en un mundo de crisis múltiples", que presenta una visión y un camino viables y alternativos para el mundo que tienen sus raíces en un mundo pacífico, equitativo y sostenible, basado en la equidad de los servicios públicos para todxs.