Sindicatos judiciales de América Latina fortalecen agenda regional junto a la ISP

El encuentro permitió analizar el complejo escenario que enfrentan los poderes judiciales de la región, marcado por restricciones presupuestarias, sobrecarga laboral, reformas al empleo público, debilitamiento de la negociación colectiva, violencia y acoso en el trabajo, avances tecnológicos sin participación sindical y crecientes amenazas a la independencia judicial.

En representación de la ISP participó Nayareth Quevedo, secretaria subregional para el Cono Sur y responsable regional del sector judicial, quien destacó la importancia de reconstruir una agenda común entre la ISP y las organizaciones judiciales latinoamericanas, con énfasis en la defensa de los derechos laborales, la libertad sindical y la calidad de los servicios públicos de justicia.

Durante las jornadas, las delegaciones compartieron informes nacionales que evidenciaron problemáticas comunes. Costa Rica alertó sobre los efectos de la Ley Marco de Empleo Público y las restricciones a la negociación colectiva. Brasil denunció las profundas desigualdades internas dentro del Poder Judicial y las amenazas a la democracia. Argentina advirtió sobre reformas que buscan debilitar fueros laborales y reducir el acceso a la justicia. Chile expuso la crisis presupuestaria e institucional que atraviesa el Poder Judicial, mientras que Perú, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Ecuador y Colombia compartieron experiencias sobre negociación colectiva, violencia laboral, crimen organizado, jubilaciones, digitalización y fortalecimiento sindical.

Uno de los temas centrales fue la necesidad de que las organizaciones sindicales se preparen frente a la inteligencia artificial, la digitalización y el teletrabajo, procesos que ya están transformando la organización del trabajo judicial. Las delegaciones coincidieron en que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una herramienta de precarización, control o eliminación de puestos de trabajo.

La salud mental y los riesgos psicosociales también ocuparon un lugar prioritario. Diversas organizaciones alertaron sobre el aumento del estrés, la sobrecarga laboral, las jornadas extendidas y la ausencia de políticas institucionales efectivas para proteger a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la justicia.

En su intervención, Nayareth Quevedo subrayó que la ISP tiene como prioridad acompañar al sector judicial en la construcción de una agenda regional concreta.

“Para la ISP, fortalecer al sector judicial significa defender la independencia judicial, pero también defender a las trabajadoras y trabajadores que hacen posible el acceso a la justicia. No hay justicia de calidad sin empleo decente, salud laboral, negociación colectiva y libertad sindical”, señaló Quevedo.

La representante de la ISP también destacó la importancia de incorporar a las juventudes sindicales y renovar las estrategias de comunicación. En ese sentido, compartió antecedentes del trabajo desarrollado por la ISP en el marco del proyecto regional de juventud financiaro por FORSA, incluyendo una encuesta aplicada a jóvenes trabajadores del sector público en varios países de América Latina.

“Las nuevas generaciones valoran el rol del sindicato, pero muchas veces no participan porque las organizaciones no las convocan con sus lenguajes, sus tiempos y sus herramientas. Tenemos que construir sindicatos capaces de hablar con las juventudes, disputar el espacio digital y enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos”, afirmó.

El encuentro concluyó con la aprobación de la Declaración de Puntarenas, documento político que relevó la defensa de la soberanía, la democracia, el derecho a huelga, la libertad sindical, la independencia judicial y la protección de las y los trabajadores judiciales frente a la precarización, la violencia, el crimen organizado y la digitalización sin control democrático.

Asimismo, durante el Congreso fue electa la nueva conducción de la CLTPJ para el período 2026-2028. En este marco, Chela Cholasky, de SIFJUPAR Paraguay fue reelecta como presidenta de la Confederación, Miguel Ñique, de SINTRAJUP Perú como su vicepresidente y Ricardo Izaguirre de Anejud Costa Rica como segundo vicepresidente. Mientras que, Nicolás Santibáñez, de Anejud Chile, fue designado Secretario Ejecutivo de la Confederación.

Para la ISP, el encuentro dio cuenta de la necesidad de profundizar una agenda conjunta con el sector judicial latinoamericano, orientada a fortalecer la negociación colectiva, implementar el Convenio 190 de la OIT, proteger la salud mental, regular la transformación digital, promover la participación juvenil y consolidar una voz sindical regional frente a los ataques contra los servicios públicos y la democracia.