Sindicato de Chile llama a defender la integridad del sistema tributario, proteger a denunciantes y asegurar justicia fiscal

La defensa de la probidad y de la función pública fue uno de los principales ejes de la Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH), realizada entre el 8 y el 12 de junio de 2026, instancia que reunió a la dirigencia y asociados de todo el país para analizar los desafíos del Servicio de Impuestos Internos chileno (SII) y el contexto político que enfrenta la administración tributaria chilena.

La organización, afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y parte activa de la Red de Justicia Fiscal de América Latina, manifestó su preocupación por las informaciones que apuntan a eventuales intentos de favorecer escenarios de impunidad respecto de uno de los casos más graves que ha afectado el prestigio y la justicia tributaria al interior del SII en los últimos años, pese a que los antecedentes incluso habían sido enviados al Ministerio Público de Chile para investigar el delito de tráfico de influencias.

La inquietud surge luego que la Contraloría General de la República de Chile confirmara en mayo de 2026, la destitución de Elena Amaya Silva, ex jefa de gabinete de Fernando Barraza, entonces director nacional del Servicio, tras acreditarse graves irregularidades administrativas vinculadas a intervenciones indebidas y presiones a trabajadores[1], que terminaron dejando sin efecto este caso que había sido previamente validado por los subdirectores del SII agrupados en los Comités de Casos de Interés Institucional y había concluido su tramitación en tribunales.

ANEIICH hace más de 1 año y medio sigue de cerca el proceso y ha respaldado a las y los funcionarios que participaron en las denuncias e investigaciones, destacando que el caso representa un precedente relevante en la defensa de la integridad pública, razón por la cual la Asamblea acordó por unanimidad mantener un monitoreo permanente del caso; reiterar al actual director del SII que, para resguardar la objetividad, la transparencia y la confianza pública en las decisiones institucionales, debe abstenerse de intervenir en materias relacionadas con este caso, atendidos los antecedentes de vinculación existentes con la funcionaria destituida; agregando que impulsarán un plan de movilizaciones ascendentes si se producen hechos que pongan en riesgo al SII, afecten la independencia de las investigaciones en curso en el SII o favorezcan escenarios de impunidad.

Para la presidenta nacional del sindicato, Evelyn Apeleo, la discusión trasciende a una persona o a una administración específica. "Aquí no estamos defendiendo intereses particulares. Estamos defendiendo el prestigio del Servicio de Impuestos Internos y el trabajo honesto de miles de funcionarias y funcionarios que cumplen diariamente una labor esencial para el país. No permitiremos que se relativicen hechos tan graves ni que se instale la impunidad dentro de una institución llamada a garantizar el cumplimiento de la ley", afirmó.

ANEIICH destacó que uno de los aspectos más relevantes del caso es la necesidad de fortalecer la protección de quienes denuncian actos de corrupción e intervienen, como denunciantes, fiscales, actuarios, testigos en este tipo de investigaciones administrativas. Durante la Asamblea se reiteró el compromiso de la organización con la defensa de todos ellos frente a eventuales represalias como consecuencia de su actuación.

Asimismo, el sindicato se ha planteado como desafío el lograr que el SII instaure procedimientos concretos que permitan a las y los trabajadores objetar las órdenes ilegales, como forma de protección del sistema tributario, y de los servidores públicos, ya que estos últimos no deben ver afectadas sus carreras al no ceder a presiones, ni ser sujeto de sanciones disciplinarias y/o penales.

El caso ya concluido dejó de manifiesto la veracidad de las denuncias que el sindicato ANEIICH planteaba hace un tiempo, acerca de la existencia de “instrucciones ilegales”, usualmente telefónicas y sin registro, para favorecer a los grandes intereses económicos del país. Estos no eran hechos aislados, y así lo ratifica otro sumario en actual tramitación en la Dirección de Grandes Contribuyentes, por intervenciones indebidas que favorecieron a una Corporación de telefonía multinacional, hechos que mantienen como sumariada con cargos a la misma destituida funcionaria, e inhabilitado al actual director nacional. 

La propia organización había advertido, tras la ratificación de las sanciones, que quienes reporten ilegalidades o actuaciones contrarias a la probidad no pueden quedar expuestos al aislamiento institucional, sino todo lo contrario, debiendo contar con garantías efectivas para ejercer su labor en defensa del interés público.

Para la Internacional de Servicios Públicos, este debate adquiere una dimensión estratégica. La justicia fiscal no se limita a la recaudación tributaria: constituye una herramienta indispensable para financiar servicios públicos de calidad, reducir las desigualdades y fortalecer la democracia.

Desde esta perspectiva, combatir la corrupción en las administraciones tributarias es también una forma de proteger los derechos sociales. Cada peso que se pierde por corrupción, evasión o influencias indebidas debilita la capacidad del Estado para financiar salud, educación, cuidados, seguridad social y otros servicios esenciales para la población.

En este contexto, ANEIICH reafirmó que la defensa de la probidad administrativa es inseparable de la defensa del interés general y del fortalecimiento del Estado.

La presidenta nacional del sindicato sostuvo que las y los trabajadores del SII seguirán cumpliendo un rol activo en esa tarea. "La inmensa mayoría de las y los trabajadores del Servicio ha demostrado un compromiso irrestricto con la probidad, la transparencia y la defensa del interés fiscal. Nuestra responsabilidad sindical es respaldar a quienes hicieron lo correcto, proteger a quienes denunciaron y asegurar que nunca más el poder o las influencias estén por sobre la ley. La confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas también depende de ello, y por eso tanto el SII, la CGR, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deben actuar como les ordena la ley", señaló Evelyn Apeleo.

La Asamblea Nacional, que contó en su inauguración con las palabras de la secretaria subregional para el Cono Sur Nayareth Quevedo, concluyó que las y los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos continuarán siendo protagonistas en la defensa de una administración tributaria técnica, profesional e independiente, entendiendo que la probidad no es solamente un principio ético, sino una condición esencial para construir sistemas tributarios justos y Estados capaces de garantizar derechos para todas y todos, y que un sistema fiscal justo es la base de los servicios públicos de calidad, debiendo por ello aunar esfuerzos para que las corporaciones y los mega-ricos paguen su parte justa.

En un momento en que América Latina debate cómo fortalecer sus capacidades fiscales para enfrentar las desigualdades y financiar el desarrollo, el mensaje de nuestra afiliada es contundente: la lucha contra la corrupción y la defensa de la justicia fiscal son tareas de todas y todos puesto que constituyen una defensa de los servicios públicos y de la democracia.

[1] https://reportea.cl/2026/05/15/el-sii-concreta-destitucion-de-exjefa-de-gabinete-por-perdonazo-irregular-a-empresa-del-grupo-fernandez-leon/