La edición de este año se celebrará del 21 al 26 de octubre de 2024 bajo el lema "Justicia del agua por encima del beneficio", destacando la creciente demanda en toda África de un acceso equitativo al agua, libre de las limitaciones de la privatización y de las políticas con ánimo de lucro.
La Coalición Nuestra Agua, Nuestro Derecho en África (OWORAC) ha lanzado la 4ª edición de su Semana de Acción anual contra la Privatización del Agua, coincidiendo con la Asamblea General Anual del Banco Mundial. El evento de este año se celebra del 21 al 26 de octubre bajo el lema "Justicia del agua por encima de los beneficios", destacando la creciente demanda en toda África de un acceso equitativo al agua, libre de las restricciones de la privatización y de las políticas con ánimo de lucro.
La coalición incluye sindicatos, líderes y activistas comunitarios, ONG nacionales y mundiales, académicos, activistas de los medios sociales, etc. Esta semana es un llamamiento a todos los africanos y aliados del mundo para que se unan contra la privatización de los recursos hídricos y exijan "Justicia del agua por encima de los beneficios".
Aunque el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo niegan que apoyen la privatización de los servicios y recursos hídricos (aprendieron que la palabra privatización suscita demasiada oposición), actualmente apoyan una forma aún más nefasta de privatización, conocida como "financiarización". El argumento central es que, puesto que los gobiernos -a todos los niveles- no pueden recaudar los fondos necesarios (gracias en gran medida a las políticas de austeridad del FMI y a los problemas de deuda mundial sin resolver), hay que recurrir al capital privado.El principal papel del gobierno es, pues, crear el "entorno propicio" para atraer capital nacional y extranjero que invierta en servicios públicos.
El entorno propicio comprende una serie de elementos :
Cambiar las leyes y los reglamentos para dar prioridad a las necesidades de los inversores privados.
Proporcionar incentivos financieros para atraer a los inversores privados: exenciones fiscales, garantías gubernamentales de los beneficios privados, reducción del riesgo de las inversiones privadas, redacción de contratos que satisfagan las necesidades del capital privado, etc.
Garantizar que las protestas públicas se reduzcan al mínimo, incluso limitando los derechos de libre expresión, reunión, etc.
Atacar y socavar los sindicatos del sector público.
Algunos fondos privados fluyen hacia los países de ingresos altos y medios, donde los beneficios son probables. Como es de esperar, los fondos privados no van a los países de ingresos bajos, donde las necesidades son mayores pero los beneficios no tan atractivos. En general, estos fondos privados no son ni de lejos suficientes para satisfacer las necesidades de los servicios de agua y saneamiento. Y, donde están presentes, los inversores privados extraen enormes cantidades a través de una "ingeniería financiera innovadora", que incluye:
High gearing (aumento de los niveles de endeudamiento de la antigua empresa pública y utilización de estos fondos, no para inversiones y mejoras, sino para alimentar a los accionistas y seguir ampliando la empresa)
Evasión y elusión fiscales
Subcontratación de la mano de obra a intermediarios con salarios bajos y precarios
Aumento de tarifas
La manipulación del regulador para garantizar que los fondos de inversión también puedan desviarse en forma de dividendos.
Hasta ahora, el Banco Mundial sigue siendo inmune a las críticas de sus políticas, incluso cuando sus propias investigaciones demuestran que no funcionan. Su ideología pro-mercado ciega al Banco ante los fracasos de las últimas décadas.
La resistencia a la privatización continuará, a pesar de los intentos de amordazar toda oposición. La red mundial por la justicia del agua reúne pruebas y análisis creíbles, que comparte con las comunidades afectadas. La red informa, educa y moviliza. Las personas y organizaciones preocupadas por el acceso al agua y el saneamiento deben sumar su fuerza a la resistencia, para que los funcionarios electos escuchen y respeten las voces de la gente.