Respaldo a lxs trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ante la persecución política

Desde principio del proceso de toma de las instalaciones universitarias, el STUSC se presentó como un grupo en apoyo, pero a la vez se propuso como mediador del conflicto generado entre las autoridades recién electas de la USAC y el grupo de Resistencia. Sin embargo, en este momento los sindicalistas del STUSC no son los únicos que sufren estas consecuencias, como también docentes, decanos, estudiantes, activistas de derechos humanos y artistas.

Exigimos que se cancelen los órdenes en contra los sindicalistas y la inmediata liberación del compañero Martín Jorge Macario de 43 años, trabajador de Servicios Generales de la USAC y exdirigente del sindicato de trabajadorxs de esta universidad (STUSC).

Lea a la continuación un relato de cómo anda la crisis política en Guatemala y cuales son sus antecedentes:

El 7 de octubre del año 2021, fue publicada una convocatoria para la elección del Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), para el período 2022-2026, manifestando esta convocatoria qué la elección a Rector se realizaría el 27 de abril del 2022.

Desde el inicio de este proceso a elección del Rector de la USAC, fue manchado por diferentes situaciones que se presentaron durante toda esta etapa, en medio de denuncias de fraude por los diferentes candidatos, opuestos al candidato oficial Walter Mazariegos (decano de la

Facultad de Humanidades en ese momento) apoyado por el presidente de la República de Guatemala Alejandro Giammattei y por el bloque de diputados del oficialismo, de manera solapada.  Llevándose la elección a puerta cerrada, el 14 de mayo del 2022, con denuncias de fraude y con un solo candidato inscrito, debido a que según el Consejo Superior Universitario (CSU), dejó fuera de la elección a los cuerpos electorales que promovían al candidato opositor Jordán Rodas, por una serie de supuestas inconsistencias.

Esta supuesta “elección a Rector” se dio, utilizando cordones de seguridad de policías nacionales y privados, en medio de protestas de los candidatos opositores, de docentes, de estudiantes y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC), imponiéndose así el nuevo Rector a la estructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).  Los antecedentes de la Usac no son los mejores al hablar de sus rectores, ya que sus dos últimos representantes enfrentan proceso penal por el Caso Comisiones Paralelas 2020. En ese momento se usaron fuerzas de seguridad privada, hombres armados, con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas, en un acto totalmente de intimidación y represión en contra de los grupos de oposición al supuesto fraude que se señalaba se estaba cometiendo.  Estos hechos hacen recordar los años no muy lejanos del conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala, donde se cometían estos mismos hechos en contra de la población civil.  También es importante resaltar que la USAC, es la única Universidad Pública en Guatemala, que atiende a más de 200,000 estudiantes, en un país donde únicamente el 2.6% de los jóvenes tienen acceso a la educación universitaria, y de estos sólo el 50% se logra graduar.

• https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/usac-elige-a-rector-a-puerta-cerrada-y-con-un-solo-candidato-walter-mazariegos/

Es importante mencionar, que la USAC, no sólo es estratégica por dirigir la educación superior en Guatemala, sino porque su poder político es extenso y diverso, por mandato legal ocupa 53 representaciones con voz y voto en las instituciones estratégicas más importantes del Estado.  Ese poder y su presupuesto anual que equivale al 5% del Presupuesto General de la Nación, ha generado la codicia de grupos externos que buscan su control político y administrativo, ya que por medio de esos espacios tiene incidencia hasta en la vida política, económica, de salud, monetaria, de desarrollo, etc.

Toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

La toma de la USAC, es una protesta pacífica que inicio el 27 de abril del 2022, cuando fueron tomadas las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (MUSAC), el 27 de abril del año 2022, como medida de rechazo y para impedir el proceso de elección de de rector de dicha casa de estudios, posteriormente fueron tomados otros centros universitarios, incluido el Paraninfo Universitario, Centro Universitario Metropolitano, Campus Central, entre otros, por un movimiento estudiantil denominado de Resistencia, luego se fueron sumando otros actores sociales a este movimiento estudiantil, dentro de ellos docentes, organizaciones sociales, artistas, organizaciones sindicales (principalmente las afiliadas a la ISP en Guatemala), decanos, etc.  El STUSC se presentó como un grupo en apoyo, pero a la vez se propuso como mediador del conflicto generado entre las autoridades recién electas de la USAC y el grupo de Resistencia, esto con el fin de encontrar un punto de equilibrio entre las demandas del grupo de Resistencia y el Rector recién electo, si es que esto fuese posible. 

Esta protesta mediante toma de instalaciones universitarias buscaba que el actual rector Walter Mazariegos no asumiera su cargo, debido al proceso viciado que se había presentado para su elección.  La toma universitaria llego a entregar las instalaciones y deponer las medidas de hecho el pasado 9 de junio del 2023, donde fueron entregadas las instalaciones del Campus Central de la Universidad, siendo estas las últimas instalaciones que estaban en manos de los manifestantes.  Cabe mencionar, que el rector y el Consejo Superior Universitario siguieron reuniéndose fuera de los recintos universitarios.  Después de la entrega de las instalaciones universitarias, el rector y sus funcionarios empezaron a realizar un supuesto “inventario” sobre cómo se encontraban las instalaciones universitarias después de la toma del grupo de Resistencia, inventario que según dicen ellos, aún no termina pero se constata varios robos y demás situaciones de daños a edificios públicos, por lo que proceden a presentar una denuncia penal en el Ministerio Público de Guatemala (MP), en contra del grupo de Resistencia (incluidos entre ellos el STUSC, que a saber, son los únicos que tienen personalidad y personería jurídica), los delitos que se les imputa, son los siguientes: a) USURPACIÓN AGRAVADA EN FORMA CONTINUADA, b) DEPREDACIÓN DE BIENES CULTURALES EN FORMA CONTINUADA, c) SEDICIÓN EN FORMA CONTINUADA y d) ASOCIACIÓN ILÍCITA.

Elecciones generales a presidente, vicepresidente de la república, candidatos a diputados y alcaldes

A la par de estos hechos que han sido enumerados, en Guatemala, fueron convocadas las elecciones generales para elegir a los próximos gobernantes de este país, quienes deberán tomar posesión de sus cargos el 14 de enero del 2024, para el caso del presidente y vicepresidente de la República, así como para los 160 Diputados al Congreso de la República, y los alcaldes lo harán el día 15 de enero del 2024.

Estas se realizaron el domingo 25 de junio del 2023, ningún candidato presidencial obtuvo la mayoría absoluta en la primera vuelta, por lo que se realizó la segunda vuelta el domingo 20 de agosto del 2023.  Los resultados iniciales indicaban que competirían por la segunda vuelta la señora Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el señor Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, sin embargo, nueve partidos de derecha, incluido el partido oficial VAMOS, alegaron fraude electoral a favor de Bernardo Arévalo, y presentaron varios recursos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que retrasaron la certificación y oficialización de los resultados electorales para la adjudicación de cargos públicos.

Tras una revisión de las actas electorales, se oficializaron los datos y resultados de las elecciones generales, dando como ganador a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, para los cargos de presidente y vicepresidenta de la República de Guatemala para el período 2024-2028, donde el binomio presidencial de Arévalo y Herrera ganaron con más del 60% de votos, un poco más de 2.4 millones de electores que los eligieron.

Poco después el Ministerio Público (MP), anunció que un juez suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por un supuesto caso de firmas falsas de afiliados para la formación del partido político, pese a que esto contraviene la Ley Electoral y de partidos político y ponía en riesgo la ejecución de la segunda vuelta electoral, pero un amparo a favor del Movimiento Semilla por parte de la Corte de Constitucionalidad aseguró su participación, pero el caso sigue abierto en el MP, además, el MP está investigando al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en más de 13 casos penales diferentes.

La constante judicialización de las elecciones y las acciones ejercidas por el MP, han sido objeto de fuertes críticas a nivel nacional como a nivel internacional, lo que ha hecho que la misión de observadores de la Unión Europea y otros organismos internacionales manifiesten que en lo que ellos observaron el proceso electoral, ha sido transparente y de bastante participación ciudadana.

Lo que sí se ha notado, es que desde que Arévalo paso a segunda vuelta, ha sido un constante ataque, judicialización de casos, denuncias espurias en contra del binomio presidencial, como que sí la idea del denominado “Pacto de Corruptos”, que es una asociación que hay entre algunos funcionarios de gobierno, algunos partidos políticos (principalmente de derecha), empresarios y hasta crimen organizado, están financiando, accionando  y ejerciendo presiones políticas a estas instancias nacionales como la CC, CSJ y MP entre otras para evitar que Arévalo y Herrera asuman sus cargos el próximo 14 de enero del 2024.

Comentarios finales

De esta cuenta llegamos a la fecha actual, donde el día 16 de noviembre el MP, decide ejecutar más de 31 órdenes de captura y allanamientos, en contra de los que supuestamente han sido parte del grupo de Resistencia y toma de instalaciones universitarias, y que han conformado también los paros y bloqueos que se dieron en el país por más de 3 semanas, en protesta porque no quieren respetar los resultados electorales, exigiendo la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, el Fiscal Rafael Curruchiche y varios jueces del sistema de justicia que se han prestado para estar atacando la democracia de este país y el proceso electoral recientemente finalizado, protestas que han sido llamadas principalmente por grupos de campesinos e indígenas organizados, como por ejemplo la organización indígena denominada 48 Cantones, que incluso al día de hoy mantiene presencia de manifestación permanente frente a la sede central del edificio del Ministerio Público en ciudad de Guatemala.

A esta fecha se han dictado dentro de esas 31 órdenes de captura, la de seis dirigentes y exdirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC), queriendo con ello hacer un proceso de intimidación para la clase trabajadora organizada en sindicatos y desarticular hacia lo interno de la USAC al STUSC, previo haberles realizado en varias oportunidades amenazas de muerte,  represión administrativa, paralización de la negociación colectiva, amenazándolos incluso con evidenciar donde ellos vivían y decirles que se abstuvieran de seguir en contra de las autoridades de la USAC.

Esto evidencia qué, en este momento los sindicalistas del STUSC no son los únicos que sufren estas consecuencias, como hemos enumerado también docentes, decanos, estudiantes, activistas de derechos humanos, artistas, y según sabemos de manera extra-oficial la idea es ampliar esta denuncia ante el Ministerio Público (MP), que está basada en la presentada por las autoridades de la USAC en su momento, consignando los delitos a) USURPACIÓN AGRAVADA EN FORMA CONTINUADA, b) DEPREDACIÓN DE BIENES CULTURALES EN FORMA CONTINUADA, c) SEDICIÓN EN FORMA CONTINUADA y d) ASOCIACIÓN ILÍCITA; y la ampliación sería para pedir 80 órdenes de captura, dentro de ellas la de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ya que ella es docente de la USAC, y quieren vincularla con este caso, para con ello y si el antejuicio en contra de ella, el Congreso de la República actual lo afirma, entonces el MP podría solicitar que la Herrera no asumiera el cargo de vicepresidente de la República de Guatemala el próximo 14 de enero del 2024. 

Lo mismo está el MP tratando de hacer con el presidente electo Bernardo Arévalo, lo vinculan con que el apoyo las recientes manifestaciones y toma de instalaciones en la USAC, por lo que por los supuestos delitos expresados, y si el Congreso de la República también declara y quita el derecho de antejuicio a Arévalo, este podría ser procesado penalmente y evitar con ello que asuma la presidencia de la República.

Como podremos notar, todo esto es una estrategia para evitar que los funcionarios electos, en el caso de presidente y vicepresidenta puedan asumir sus cargos, y están tratando de destruir cualquier tipo de organización que los haya apoyado o crea el MP que los pueda apoyar en un futuro inmediato, y a la vez enviar un mensaje claro hacia el resto de organizaciones sociales, sindicales y populares que este denominado “Pacto de Corruptos”, son capaces de cualquier cosa, incluir retorcer el marco jurídico nacional, con tal de obtener su propósito macro, que es que el binomio presidencial electo pueda asumir el control político de Guatemala.