Oportunidades y desafíos de la ratificación del convenio 190 de la OIT

Este taller forma parte de un ciclo de formación impulsado por el Comité de Mujeres de la ISP en Chile durante el año 2021 y contempla una tercera y última actividad virtual, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de agosto.

El evento fue inaugurado por Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP Cono Sur, quien comentó las principales etapas y el contexto en que surgió el Convenio 190: “este fue un proceso que partió desde el movimiento sindical internacional, que elevó la problemática de la violencia en el ámbito laboral y la idea de contar con nuevo instrumento internacional para el mundo del trabajo”.

Asimismo, destacó que el convenio no solo aborda la violencia y el acoso entre hombres y mujeres en su lugar de trabajo, sino que lo amplía a todo el mundo del trabajo. “Este elemento es fundamental y le otorga un rasgo progresista inédito a este instrumento, que abre oportunidades para el desarrollo del diálogo tripartito y brinda la posibilidad de generar garantías y previsiones sobre el tema de la violencia y el abuso en el mundo del trabajo, en el ámbito público y privado”.

De igual modo, recordó que el Convenio 190 entró en vigencia el pasado 25 de junio, un año después de su segunda ratificación. “La ISP participó de las actividades vinculadas a esta fecha histórica y presentó, a nivel mundial, un kit de herramientas sobre el convenio, para ser utilizada por las organizaciones sindicales”. A partir de esta fecha, además, los países que aún no han ratificado el convenio deberán informar a la OIT por qué no lo han hecho, junto con precisar si su legislación está en correspondencia con la nueva normalidad.

Esta es la primera norma internacional que enfrenta la violencia y el acoso laboral en una dimensión más amplia, es decir, no solo la circunscribe a las relaciones que se producen al interior de la oficina o del espacio físico de trabajo

A continuación, María Fernanda Villegas, directora del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) y relatora permanente de talleres de formación de la ISP, dio inicio a la charla, explicando los antecedentes que dieron origen a este convenio, sus principales características y alcances. “Esta es la primera norma internacional que enfrenta la violencia y el acoso laboral en una dimensión más amplia, es decir, no solo la circunscribe a las relaciones que se producen al interior de la oficina o del espacio físico de trabajo, sino que incluye todo el proceso y el conjunto de vínculos que se generan en torno a la producción de un bien o servicio, lo que implica abordar las relaciones sociales de trabajo; los trayectos, los procesos de reclutamiento, de capacitación, incluso las desvinculaciones”.

En ese contexto, es destacable que el convenio abarque los elementos del teletrabajo y el trabajo a distancia. “Con las definiciones anteriores era imposible establecer que había acoso en este tipo de relación laboral. Sin prever lo que iba a ocurrir con el Covid, esta normativa se adelantó a su tiempo incorporando este elemento, lo que nos ayudará a regular el complejo mundo laboral pandémico y postpandémico”, precisó Villegas.

Del mismo modo, esta normativa no solo considera las conductas de abuso, sino también las amenazas e incorpora explícitamente la razón de género en su definición, teniendo en cuenta que las mujeres son comúnmente las más afectadas por situaciones de abuso laboral.

Junto con reconocer la situación de violencia y aplicar las respectivas sanciones, esta normativa reconoce el derecho a reparación por parte de la víctima y considera acciones para que estas conductas no se repitan en ese espacio de trabajo, abordando así el problema en su totalidad.

“Todos hemos sabido o visto -y los estudios casuísticos así lo demuestran- que los mobbings o acosos laborales terminan con la víctima despedida o con licencia, lo que lleva finalmente a que esa relación laboral termine, sin existir reparación. Esta situación es incorporada en la Convención 190 de la OIT”.

Panorama mundial

A nivel mundial, 14 países ya han avanzado en el proceso de análisis y adopción de la Convención y 7 de ellos ya lo ratificaron, entre los cuales se encuentran Argentina, Ecuador, Uruguay, Islas Mauricio, Fiji, Somalia y Namibia. Este último, destacó Villegas, logró la ratificación gracias un fuerte trabajo de alianzas con instituciones internacionales. Otras naciones, como México y Guatemala, si bien no han logrado la ratificación, han utilizado diversas estrategias para avanzar en esa misma línea. “Es relevante conocer las experiencias de otros países, sus estrategias y buenas prácticas para ir avanzando en este tema, que no solo considera la aprobación sino cómo se implanta esta norma en el país y todas las acciones asociadas al proceso”, recalca.

En cuanto a Chile, advirtió que no ha habido avances concretos. “El Estado tendrá que explicar a la OIT por qué no se han hecho avances, porque está incumpliendo un proceso que está acordado en un estado de derecho. Ni siquiera se ha avanzado en crear comisiones tripartitas para estudiar el tema. Ello, pese a que las organizaciones sindicales han impulsado diversas acciones y campañas a favor, contando con apoyo de organizaciones internacionales”.

Hasta el momento, la única repartición pública que ha hecho un análisis del convenio es el Comité de Equidad de Género de la Superintendencia de Desarrollo Social, a través de un pequeño documento que señala que es un convenio eficaz, practico y recomienda su ratificación. “Por lo tanto, el escenario es complejo”, indica la profesional.

Posteriormente, se abrió un espacio para debatir y compartir experiencias entre los asistentes, provenientes de diversas dependencias y ciudades del país. A modo de conclusión, se recalcó que la falta de disposición política del Ejecutivo para impulsar este convenio no debe limitar la capacidad de respuesta sindical. En ese sentido -coincidieron- la Convención Constituyente que se desarrolla actualmente en el país ofrece una oportunidad histórica para avanzar hacia una legislación que acoja los convenios de la OIT, sin tener que esperar que el Ejecutivo tome acción y decida enviar el proyecto de ley para su ratificación en el Congreso.

“Debiera haber una norma que obligue a aplicar los convenios internacionales que son de interés para las personas, sin tener que estar dependiendo de la voluntad o la buena disposición del gobierno de turno para aplicar o no determinadas normales internacionales, como ya ha ocurrido antes”, comentó Esteban Maturana, representante de la Confusam.

A pesar del escenario complejo, añadió Villegas, “creo que sí hay un escenario propicio para avanzar este año, no solo por las condicionantes del Covid -que han incrementado las situaciones de violencia- sino también porque estamos en un momento político coyuntural que no se puede desperdiciar”.

En esa línea, agregó que es fundamental impulsar acciones eficaces; por una parte, sensibilizando a los trabajadores y a la población en general, para que sepan que estas normas internacionales van a ayudar mucho a que la normativa y la fiscalización a los empleadores tienda a cumplirse. Además, se deben fomentar instancias de debate y la creación de grupos de estudio que analicen y busquen buenas prácticas y las apliquen a su realidad local. Por la amplitud y alcances de esta normativa, también llamó a crear alianzas extraordinarias más amplias y de todo tipo, junto con dar señales a los decisores de políticas, para que se activen en favor de esta normativa.