En el reciente evento de la Alianza Global por la Justicia Fiscal "Framing Feminist Taxation for Financing for Care", Margarita López de SINTRACUAVALLE, Colombia, habló en nombre de la ISP. El evento formaba parte de las Jornadas Mundiales de Acción sobre Justicia Fiscal para los Derechos de la Mujer, lanzadas durante la 68ª Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

"Reconstruir la organizacion social del cuidado no sera posible sin alcanzar una justicia fiscal feminista, inclusiva y justa", declaró.

Un sistema fiscal justo es la base de servicios públicos de calidad.

Sin embargo, en todo el mundo y en las Américas, las empresas y los mega-ricos evitan pagar la parte que les corresponde, generalmente desvían el dinero destinado a soportar la inversión pública en escuelas, hospitales, en agua y saneamiento. hacia paraísos fiscales.

Se calcula que los paraísos fiscales superan los 20 billones de dólares. Mientras que, el coste total de acabar con la pobreza extrema en todo el mundo sería una fracción mínima de esta cantidad: alrededor de 3,5 billones de dólares.

El gasto público inadecuado y la creciente privatización de los servicios públicos están perjudicando a las mujeres y han exacerbado la carga de cuidado no remunerados a la que se enfrentan. Las instituciones y los programas diseñados para promover la igualdad suelen estar infra financiados, lo que significa que las mujeres carecen de acceso servicios públicos de salud gratuitos y de calidad, así como de cuidado infantil y educación. Las deficiencias de las infraestructuras públicas de cuidado agravan la carga de cuidados que soportan las mujeres.

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En el reciente evento de la Alianza Global por la Justicia Fiscal "Framing Feminist Taxation for Financing for Care", Margarita López de SINTRACUAVALLE, Colombia, habló en nombre de la ISP. El acto formaba parte de las Jornadas Mundiales de Acción sobre Justicia Fiscal para los Derechos de la Mujer, lanzadas durante el 68º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

Margarita López, SINTRACUAVALLE, Colombia

En Colombia, estamos en un momento histórico por primera vez en 400 años, tenemos un gobierno progresista donde podemos influir en la construcción de servicios públicos del cuidado, pero el reto es que tengan los recursos que garanticen trabajo decente y los derechos laborales que necesitamos actualmente precarizados.

La victoria del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez bajo la bandera de la coalición política progresista, Pacto Histórico surge tras la crisis económica, social, ambiental y la crisis de pobreza que vive nuestro país, develada por la pandemia del coronavirus de la COVID 19 que provoco el estallido social de 2021.

Las manifestaciones del 2021 fueron desencadenadas por el anuncio de otra reforma fiscal regresiva propuesta por el gobierno de Iván Duque que beneficiaba al poder económico del país.

En agosto de 2022, el nuevo Gobierno de Gustavo Petro llevó al Parlamento una ambiciosa reforma fiscal, la primera de carácter progresivo, cuyos principios básicos son que las rentas más altas tendrían que pagar más, y que sólo aumentaría la presión fiscal para los más ricos del país y no para el pueblo.

Además, el objetivo alcanzado del aumento de los ingresos de alrededor de 20 billones en 2023 (que equivalen alrededor de USD 5 mil millones) es fortalecer los servicios públicos como resultado de las próximas reformas sociales y los nuevos marcos legales que hoy cursan en el congreso muy a pesar de la oposición. Uno de ellos es la creación de un sistema nacional de servicios del cuidado.

Aprovechando la experiencia de los centros de atención social en barrios económicamente más débiles y vulnerables, conocidos como las manzanas del cuidado, una de las propuestas clave del nuevo ministerio que dirigirá la vicepresidenta Francia Márquez, es crear un sistema nacional de cuidado.

La Ley 2281 de enero de 2023 creó el Ministerio de Igualdad y Equidad que tiene como objetivo contribuir a la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales, y estará a cargo del recién creado Sistema Nacional del Cuidado, para promover una nueva organización social del cuidado en el país, que reconozca, reduzca, y redistribuya el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado hoy feminizado.

Nuestra experiencia ha revelado que, en Colombia como en varios otros países de la región, las propuestas de sistemas del cuidado abordan contenidos feministas, en consonancia con 3 de las 5Rs, nuestra propuesta política desde la Internacional de Servicios Públicos es (reconocer el valor del trabajo del cuidado, reducir la carga de trabajo de las mujeres, y redistribuir el trabajo del cuidado entre diferentes actores). Sin embargo, se quedan cortas de comprometerse en asegurar la recompensa del trabajo de cuidado con trabajo decente, y la reivindicación del carácter público de los servicios de cuidado, junto con el reconocimiento del cuidado como un derecho humano fundamental. Si todos queremos que el cuidado sea un derecho, tiene que estar en manos públicas.

En Colombia como en el resto de la región, es crucial garantizar que se incorporen en la agenda sindical, así como feminista y social, estos dos elementos fundamentales para que los servicios públicos del cuidado sean de calidad y de verdad, sean para todos, todas y todes, para garantizar su acceso universal.

Sera nuestra tarea revindicar que este carácter público debe acompañarse de los recursos adecuados. En Colombia, la movilización activa del movimiento sindical, en alianza con otros movimientos sociales, incluyendo el feminista, ha sido crucial y será esencial para garantizar el éxito de la creación de estos nuevos sistemas que tienen un potencial de ser transformadores de género y avanzar nuestras sociedades hacia la justicia social.

La Internacional de Servicios Públicos, como parte del grupo de trabajo sobre Impuestos y Género de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, ha presentado al Panel de Expertos de la CSW68 este año las propuestas sobre “impuestos justos para un cuidado transformador” como una salida al financiamiento público para combatir la pobreza de las mujeres y lograr una política fiscal con enfoque feminista que reivindique los derechos de las mujeres.

Si lo podemos soñar lo podemos lograr ¡Hagamos que los impuestos sirvan para las mujeres!




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