La subregión árabe de la ISP reafirma el derecho de lxs migrantes a la salud

El derecho al máximo nivel posible de salud mental y física es un derecho humano fundamental.

Los Los gobiernos y la comunidad internacional tienen la obligación de protegerlo, promoverlo y defenderlo. Se han contraído compromisos mundiales y regionales en apoyo de este derecho.

Por ejemplo, el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas hace hincapié en el acceso a los servicios básicos para todxs lxs migrantes, incluido el acceso a la asistencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud cuenta con un Plan de Acción Mundial para Promover la Salud de lxs Refugiadxs y lxs Migrantes, sincronizado con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el cual está dirigido en particular a la Cobertura Sanitaria Universal (CSU). Además, en febrero de este año, los Estados miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y diversas partes interesadas se reunieron en Marrakech en la Tercera Consulta Mundial sobre la Salud de lxs Refugiadxs y lxs Migrantes, en la que lxs participantes reafirmaron el derecho a la asistencia sanitaria de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo, y establecieron los compromisos con la salud de lxs migrantes y lxs refugiados en la Declaración de Rabat.

Los países de Oriente Medio y Norte de África acogen a unos 40 millones de inmigrantes. La mayoría de estos trabajadores migrantes son trabajadores con salarios bajos que contribuyen sustancialmente a la mano de obra de sus países de destino y envían remesas vitales a sus familias y comunidades en los países de origen. Muchos de ellos se enfrentan a una serie de retos relacionados con el trabajo digno, carecen de protección social y tienen un acceso limitado a la asistencia sanitaria. En la región MENA, el sector informal comprende alrededor del 60 % de la mano de obra total y, dentro de este sector, la mayoría son trabajadores migrantes que realizan trabajos temporales y precarios y se ven privados del acceso a la sanidad pública y a la protección social.

MENA es también escenario de desplazamientos forzosos causados por el cambio climático y los conflictos. La guerra en Gaza que estalló el 7 de octubre, tras el ataque de Hamás, provocó el desplazamiento del 80% de la población de Gaza, donde hasta la fecha han muerto unas 17.000 personas, entre ellas al menos 160 trabajadores sanitarios asesinados mientras estaban de servicio.

defendemos los derechos de los migrantes a un trabajo decente y su derecho a afiliarse a sindicatos

El personal sanitario representado por el Sindicato General de Trabajadores de la Salud en Gaza, afiliado a la ISP, que trabaja en la Franja de Gaza, así como el que trabaja en Cisjordania y con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS), está trabajando bajo intensos bombardeos, con suministros limitados, escasez de recursos, falta de personal e importantes riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, como ser atacado, y está muriendo por disparos mientras salva vidas. Se trata de una clara violación de los derechos humanos, a pesar del derecho a la salud consagrado en el derecho internacional.

Las afiliadas de la ISP en la región MENA defienden los derechos de los migrantes a un trabajo decente y su derecho a afiliarse a sindicatos. En el marco del Proyecto de la ISP sobre Derechos Humanos, Sindicatos y Servicios Públicos de Calidad para Migrantes y Refugiados en la Región MENA, apoyado por Union to Union y las afiliadas suecas de la ISP, los sindicatos de los servicios públicos lograron establecer puntos focales sindicales para migrantes y refugiados, los organizaron en los sindicatos, incluidos los migrantes indocumentados, defendieron su acceso a la sanidad pública, incluidas las vacunas contra el covirus durante la época de la pandemia. Han establecido alianzas con la sociedad civil sobre los derechos de los migrantes y refugiados, examinando críticamente las causas profundas de la migración forzada, abogando por la justicia climática, una transición justa y equitativa, movilizándose por la paz y por el derecho de los pueblos a la dignidad humana, la libertad y la autodeterminación.

Por último, en estos tiempos turbulentos de atrocidades bélicas en Palestina que están impulsando los desplazamientos forzosos y la migración, pedimos un alto el fuego, la apertura de corredores humanitarios, la vuelta al diálogo y el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas para establecer una paz justa y duradera.