La reforma laboral en Argentina: la lucha aún no ha terminado

Los días 19 y 20 de febrero, una huelga general de 24 horas en todo el país, convocada por las tres principales confederaciones sindicales argentinas y respaldada por la TUCA (la organización regional de la CSI para América), paralizó gran parte del país: se cancelaron vuelos, se redujo considerablemente el transporte público, cerraron bancos y escuelas, y la mayoría de las empresas suspendieron sus actividades. Se produjeron enfrentamientos cerca del Congreso, lo que puso de manifiesto la oposición generalizada a las reformas.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en una tensa sesión celebrada en la madrugada del 20 de febrero, con 135 votos a favor y 115 en contra (sin abstenciones), tras horas de debate y algunas enmiendas. Debido a las modificaciones introducidas, el proyecto de ley vuelve ahora al Senado para su aprobación definitiva, que se espera que se produzca antes del 1 de marzo, antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

Esto sigue a la media sanción preliminar del Senado el 12 de febrero, con 42 votos a favor y 30 en contra, tras una maratónica sesión de 13 horas, que ya había provocado protestas masivas, hasta 71 detenciones y heridos durante los enfrentamientos.

El proyecto de ley amenaza décadas de derechos laborales conquistados con esfuerzo con disposiciones regresivas, entre las que se incluyen:

• Ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas.

• La eliminación de las horas extras remuneradas, sustituidas por un sistema de «banco de tiempo» en el que los empleadores deciden unilateralmente cuándo —o si— las horas acumuladas pueden tomarse como tiempo libre o turnos reducidos.

• Introducción de «salarios dinámicos» basados en la productividad, lo que permite que los salarios fluctúen de un mes a otro

• Deducción de los días no trabajados durante la baja por enfermedad, poniendo fin al pago por ausencias médicas.

• Fragmentación de las tradicionales vacaciones anuales de 30 días, siendo los empleadores quienes deciden cuándo los trabajadores disfrutan de sus vacaciones

• Eliminación total de la indemnización por despido, lo que fomenta los despidos masivos y las prácticas de «despedir y volver a contratar» en peores condiciones.

• Restricciones severas al derecho de huelga.

• Ampliación drástica de los poderes de los empleadores, destruyendo el principio de igualdad en el poder de negociación y dejando a los trabajadores completamente sumisos a la dirección.

Si este proyecto de ley se convierte en ley, sentaría un peligroso precedente que podría ser fácilmente replicado en todo el mundo por gobiernos de extrema derecha respaldados por multimillonarios y corporaciones, revirtiendo décadas de protecciones laborales bajo el pretexto de la "modernización" y el crecimiento económico.

Daniel Bertossa, secretario general de la ISP, afirmó: «El llamado proyecto de ley de “modernización laboral” no es tal, sino más bien una agenda ideológica diseñada para implementar políticas económicas neoliberales que han fracasado en todo el mundo porque no funcionan para nadie, excepto para las grandes empresas que las respaldan y los intereses de los multimillonarios. Si estas políticas fallidas se afianzan en Argentina, representarán una amenaza para las y los trabajadores de todo el mundo».

Fernanda Boriotti, presidenta de la afiliada a la ISP, FESPROSA, añadió: «La reforma laboral diseñada a medida de los grandes capitalistas de Argentina y las exigencias del gobierno de Trump es un ataque frontal a los derechos laborales tanto en el sector público como en el privado. Los trabajadores públicos veremos afectado nuestro derecho a la huelga, restringido nuestro derecho de reunión y mermada nuestra capacidad de recurrir a los tribunales laborales ante las injusticias patronales».

Euan Gibb, secretario regional de la ISP para Interamérica, afirmó: «Las manifestaciones masivas en toda Argentina dejaron claro que esta supuesta reforma va totalmente en contra de los intereses de la mayoría de la población. El Estado ha recurrido a una represión brutal y violenta contra la clase trabajadora para imponer esta reforma. Se trata de un ataque directo a los derechos fundamentales de lxs trabajadores, representativo de la estrategia de los gobiernos extremistas de toda América Latina. La ISP y nuestras afiliadas seguirán organizando y reforzando la resistencia en todo el continente».

Federico Dávila, vicepresidente primero de la ISP, declaró: «La autoproclamada "reforma laboral" forma parte de un conjunto de medidas que, lejos de generar más trabajo y producción, en realidad los socavan. Estas medidas precarian el empleo, eliminan los derechos laborales y sindicales y debilitan las organizaciones sindicales y sus sistemas de salud, todo ello con el claro objetivo de maximizar los beneficios de las grandes empresas que nunca reinvierten en el trabajo y la producción».

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, afirmó: « Esta reforma, que pretende ampliar la jornada laboral, debilitar los mecanismos de compensación y limitar el derecho a la huelga, no representa una modernización justa del trabajo, sino más bien una transferencia de poder de los trabajadores a los empleadores y al capital. El debate continúa ahora en la Cámara de Diputados. Allí también está en juego el futuro del trabajo decente en Argentina, y el movimiento sindical seguirá defendiendo los derechos que ha conquistado».