La ISP exige pacto público y feminista del cuidado con el Estado como garante principal

«Los Estados deben asumir que el cuidado no puede quedar a merced del mercado ni de la buena voluntad familiar. Debe estar garantizado por políticas públicas sólidas, recursos suficientes y con la voz de las y los trabajadores del cuidado en la mesa de decisiones.»

La intervención de Varia Altamirano, de Fenpruss-Chile, en nombre de la ISP, se basa en el Manifiesto sobre el cuidado de la ISP y su marco de las 5R (Reconocer, Retribuir, Reducir, Redistribuir y Recuperar) y se realizó en el evento paralelo «Servicios públicos de cuidado de cara a la segunda cumbre de desarrollo social» organizado por la iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).

Altamirano describió con claridad el diagnóstico que sustenta la propuesta de la ISP: en América Latina y el Caribe, el trabajo de cuidados —remunerado y no remunerado— continúa feminizado, precarizado y, en gran parte, invisibilizado. Las mujeres realizan tres veces más tareas de cuidado no remunerado que los hombres, mientras la inversión pública sigue siendo insuficiente y la mercantilización avanza. «No se trata solo de reconocer la importancia del cuidado, sino de garantizar la dignidad de quienes cuidan. El cuidado es un derecho humano, y como tal, debe estar respaldado por servicios públicos universales, de calidad y con trabajo decente», subrayó.

No hay justicia de género sin justicia laboral para quienes cuidan, y no hay sistemas de cuidado justos sin servicios públicos robustos

La intervención puso énfasis en que la actual crisis de cuidados, profundizada por políticas de austeridad, la fragmentación institucional y la sobrecarga familiar, requiere una transición justa. Esta debe incluir compromisos estatales vinculantes, financiamiento suficiente a través de fiscalidad progresiva, regulación estricta del sector privado como actor complementario y no sustituto, y participación sindical protagónica en el diseño y monitoreo de políticas. “No hay justicia de género sin justicia laboral para quienes cuidan, y no hay sistemas de cuidado justos sin servicios públicos robustos”, sentenció Altamirano.

La propuesta de la ISP, basada en su marco de las 5R (Reconocer, Recompensar, Reducir, Redistribuir y Reivindicar), plantea romper con la idea de que el cuidado debe compartirse equitativamente entre familia, Estado y mercado, para asumir que es responsabilidad primaria de los Estados, garantizando condiciones laborales dignas, profesionalización y representación sindical para las trabajadoras y trabajadores del sector.

En su exposición, Altamirano también advirtió que la resolución más reciente de la OIT y el Compromiso de Tlatelolco (aún negociándose) presentan vacíos críticos al diluir la responsabilidad estatal y no reconocer con suficiente fuerza el principio de trabajo decente.

Con esta intervención, la ISP dejó claro que su agenda no se limita a mejorar servicios, sino a despatriarcalizar, desmercantilizar y democratizar el cuidado, entendiendo que dignificar a quienes cuidan es un paso imprescindible para construir sociedades más igualitarias.

Este posicionamiento cobra especial relevancia de cara a la Segunda Cumbre Mundial de Desarrollo Social, donde el reconocimiento del cuidado como derecho humano autónomo será clave para definir compromisos internacionales vinculantes. La ISP llega a este proceso con una propuesta sólida: situar el cuidado en el corazón de las agendas de desarrollo, asegurar que la provisión pública sea la norma y que el trabajo decente para quienes cuidan se convierta en un estándar global. En palabras de Altamirano, “si el cuidado sostiene la vida, sostener a quienes cuidan es una obligación política y ética ineludible”.