El pueblo ecuatoriano rechaza los contratos laborales por hora y la actuación de los tribunales internacionales de arbitraje controlados por corporaciones

La consulta popular y referéndum son parte de la plataforma política del presidente y empresario conservador Daniel Noboa, que asumió en octubre 2023 para completar la presidencia vacante de Guillermo Lasso, hasta 2025. El gobierno de Noboa perdió en dos de los tres grandes temas planteados, pérdida que significó un freno político a su agenda a favor del capital nacional y extranjero y mayor precarización y flexibilización laboral, objetivo que las organizaciones sociales y populares entre ellas el movimiento sindical tendrán que seguir defendiendo, más allá de las urnas.

Conocido internacionalmente por las siglas en inglés ISDS, el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados brinda a las corporaciones el derecho exclusivo de demandar a los Estados judicialmente en tribunales privados de arbitraje caso los gobiernos aprueben regulaciones o políticas públicas que puedan afectar sus ganancias. Eso incluye medidas de tributación, subsidios sociales, políticas de protección medioambiental y reestatización de empresas privadas con récord de mal gestión en servicios de naturaleza pública.

El país ya fue demandado 29 veces en cortes ISDS, y es el quinto país más demandado en América Latina. La mitad de esas demandas son relacionadas con el sector minero y de hidrocarburos, dos fuentes de incursión del capital internacional dentro de un modelo de acumulación extractivista, que atenta contra la tierra, el trabajo y los derechos ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Sin embargo, resulta preocupante que en Ecuador se haya impuesto a la vez en la consulta popular y referéndum la tesis represiva, que apunta a una mayor militarización de la sociedad y a más populismo penal. El miedo que provoca la creciente inseguridad lleva a que lo votado en el tema de seguridad dé aval a fortalecer un Estado totalitario, que no únicamente actuará como tal en los temas de seguridad, sino en la restricción progresiva de espacio democrático para la actuación de las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano

Como ISP, celebramos la posibilidad de seguir construyendo un movimiento unitario y amplio desde los sindicatos para la defensa de los derechos democráticos de todxs lsx ecuatorianos. Este es el momento de construir fuerza en lo laboral para una reforma integral al Código de Trabajo para la restitución y progresión de los derechos laborales en Ecuador, que incluya a todxs los trabajadores, de los sectores público y privado, sin distinción del lugar que ocupan en la organización social del trabajo.