Chile ante la inminente aprobación del TPP11 y la posición de los sindicatos

En las horas previas a la votación en el Congreso de Chile del TPP11, las organizaciones sociales y sindicales han redoblado acciones en rechazo a este acuerdo comercial.

Además de realizar diversas manifestaciones, las organizaciones de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile en conjunto con la Plataforma Chile Mejor sin TLC, enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric, solicitando que retire el proyecto del TPP11 del Senado, haciendo uso de las facultades que tiene como primer mandatario del país.

En la carta, las organizaciones  le señalan al Presidente Boric que “ha agregado Ud. que debe velar por los intereses de Chile, pero el TPP11 es prioridad de los grandes grupos empresariales y corporaciones transnacionales.  Pretender asegurar la inversión a costa de garantías infinitas a las corporaciones, y de recortar el espacio soberano del Estado para llevar adelante las políticas públicas que necesitamos en educación, previsión, ambiente, salud, y semillas, entre otras, es comprometer nuestro futuro, ignorar las demandas sociales pendientes desde el estallido social y también obviar el inexorable avance de la crisis ecológica”.

Un acuerdo diseñado para
disminuir la capacidad de los Estados

El TPP11 es el tercer tratado de libre comercio más grande del mundo. Integrado por 11 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), en conjunto conforman un mercado en torno a 500 millones de personas.

Este tratado,  que se ha presentado como un acuerdo que busca eliminar o reducir barreras arancelarias en los 11 países miembro y abarcar un mercado que representa cerca del 13% del PIB mundial (US$11.023 mil millones aprox.), ha alertado a diversas organizaciones sociales y sindicales en Chile, dado que está diseñado para aumentar el poder corporativo y disminuir la capacidad de los Estados en sus políticas públicas.

Ya lo mencionó hace algún tiempo el New York Times en uno de sus artículos: “la prioridad (en el TPP11) es la protección de los intereses corporativos, y no el promover el libre comercio, la competencia, o lo que beneficia a los consumidores”.

Efectivamente, el TPP va mucho más allá de ser un acuerdo de libre comercio: impone un marco regulatorio a los países, el que determina hasta qué punto los Estados pueden regular las dimensiones de la economía que opera el sector privado.

“Desde la ISP nos parece que el TPP11 es peligroso para el fortalecimiento de los servicios públicos y para la recuperación por parte del Estado de algunos servicios privatizados, como el agua”, señala Bárbara Rojas, referente de la ISP en Chile en los temas de Libre Comercio, dirigente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), e integrante de la Plataforma Chile mejor sin TLC. 

El tratado tiene 30 capítulos. De estos, sólo cinco están relacionados con temas comerciales. El resto aborda la protección de los inversionistas -las grandes trasnacionales-, en desmedro de los Estados, señala la dirigente sindical.

“Este tipo de tratados incorpora el mecanismo de resolución de controversias, como el CIADI, en donde las empresas son las que pueden demandar a los países por afectaciones que tengan en sus inversiones, inclusive por las expectativas de ganancia que tengan, debido a las acciones del Estado y sus políticas públicas”, agrega.

Este mecanismo de conciliación permite a las corporaciones demandar a los Estados si estos buscan regular el accionar de las corporaciones o proteger los intereses públicos. Los costos pueden tener un impacto enorme en el gasto público en los países en desarrollo, como Chile, ya que las indemnizaciones ascienden a cientos de millones o incluso miles de millones de dólares.

Efectivamente, señala la referente de la ISP en Chile en los temas de Libre Comercio, “este sistema de resolución de controversias tiene un alto costo para los estados demandados, tanto en la defensa -por el pago de abogados especialistas-, como por los resultados. Según cifras del Instituto internacional de investigación e incidencia política (TNI), el 62% de las demandas han sido ganadas por los inversores. Es así como los gobiernos han tenido que pagar 33.638 millones de dólares por concepto de gastos administrativos e indemnizatorios”, explica.

Esta amenaza para el Estado chileno podría disuadir al gobierno de introducir leyes que apunten a favorecer la ampliación de las políticas públicas, si afectan los intereses de las grandes corporaciones, recalca la dirigenta sindical Bárbara Rojas.

El TPP11 no es un tratado de libre comercio

El TPP11 no es un tratado de libre comercio, propiamente tal. “Los antiguos tratados regulaban aspectos relacionados con tarifas comerciales. Los tratados de nueva generación van más allá y buscan regular temas laborales, de medio ambiente y otros que pueden afectar las políticas públicas de los Estados”, destaca la dirigenta.

Bárbara Rojas es enfática en señalar que el TPP11 encarecerá los medicamentos, dada la extensión de las patentes farmacéuticas que impide o posterga la fabricación de genéricos, aumentará el precio de los alimentos, posibilitará la privatización de las semillas y permitirá la producción de transgénicos.

“Adicionalmente,  limitará la creación de empresas nacionales para explotar el litio. Además, existe el peligro real de perder derechos fundamentales y conquistas laborales, como el postnatal y las vacaciones pagadas, además de generar más empleo precario”, señala.

“Al mismo tiempo, el acuerdo podría potenciar el saqueo por parte de megaproyectos de inversión, lo que aceleraría el cambio climático. Además, mantendría las tasas negativas de crecimiento de la balanza comercial, tal como se ha visto en los últimos diez años. Por otra parte, no tiene ventajas para los consumidores: Los tratados vigentes con todos los países del TPP11 ya permiten importar y exportar sus productos a precios sin arancel”, puntualiza.

A un paso de la aprobación

A casi 4 años desde que el TPP11 inició su ratificación por parte de Chile, el acuerdo de integración económica multilateral ha vuelto a la palestra luego de la aplastante victoria del Rechazo a la nueva Constitución y la enorme presión que ha ejercido la derecha económica sobre el gobierno de Gabriel Boric para lograr su aprobación final.

El proyecto, que se vota este martes 11 en la Sala del Senado, necesita mayoría simple para su aprobación, lo que equivale a 26 senadores. Incluso la cifra puede ser menor, dependiendo del número de legisladores que estén presentes. La bancada de derecha aportaría con 25 votos a favor y se requeriría sólo un voto a favor para ser aprobado. ]

La votación será el primer punto en la tabla de esa jornada, por lo que no existe la opción de que sea aplazada nuevamente. Mientras tanto, las organizaciones sindicales y sociales se encuentran en estado de alerta.

La ISP, en tanto,  continuará trabajando para oponerse con fuerza al TPP11 y a otros acuerdos comerciales en el mundo que lesionen los derechos de lxs trabajadorxs y la soberanía de los Estados.