La necesidad de reconstrucción de la organización social del cuidado, que ha sido siempre una tarea fundamental, se ha vuelto más visible y urgente en tiempos de pandemia de covid-19: las mujeres en todo el mundo se vieron obligadas a responsabilizarse aún más por el trabajo de cuidar sus familias, niñxs, ancianxs, personas enfermas, personas con discapacidad etc. en medio a las medidas de confinamiento necesarias para reducir la transmisión del nuevo coronavirus.
Cómo poner en marcha esta reconstrucción fue el foco principal del webinario “Beijing+25 y el futuro del cuidado” realizado virtualmente el 30 de marzo como un evento paralelo al Foro Generación de Igualdad organizado por la ONU Mujeres. La forma de hacerlo, concluyeron sus participantes, es a partir de una perspectiva económica y política integral que requiere el cambio del modelo económico vigente, con el fortalecimiento de servicios públicos de cuidado financiados a través de la adopción de sistemas tributarios justos y progresivos. De esta forma se puede alcanzar una remuneración adecuada de lxs trabajadorxs de este sector mayoritariamente femenino y, asimismo, reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres en el hogar.
Promovido por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en conjunto con Center for Economic and Social Rights, Dawn - Development Alternatives with Women for a New Era, Womankind Worldwide, Global Alliance for Tax Justice, ActionAid, y Friedrich-Ebert-Stiftung, el evento debatió el tema del cuidado en el contexto de los avances y retrocesos en la implementación de políticas públicas para las mujeres y niñas acordes con los objetivos de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
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Cómo poner en marcha la reconstrucción de la organización del cuidado fue el foco principal de este webinario realizado virtualmente el 30 de marzo como un evento paralelo al Foro Generación de Igualdad organizado por la ONU Mujeres.
Beijing+25 y el futuro del cuidado (audio original)
Creada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron a tomar medidas en 12 esferas: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente, y las niñas.
Además de los temas mencionados anteriormente, las participantes del webinario demostraron su preocupación con la captura corporativa de los servicios de cuidado y la legitimación del sector privado como un actor de la lucha por igualdad de género, una situación que lamentablemente se puede observar tanto en el Foro de Generación de Igualdad como en la conclusión acordada de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), donde no está incluida la importancia de lo público en la garantía de la prestación de servicios de cuidado.
Se señaló también la necesidad de alterar radicalmente las políticas macroeconómicas predominantes hoy en favor de un modelo basado en derechos – con el derecho humano al cuidado en el centro –, en una economía verde que tenga en cuenta los límites del planeta, y en la visibilización de las múltiples discriminaciones interseccionales que pueden sufrir las mujeres, de manera a generar una política que realmente cambie estas desigualdades estructurales presentes en nuestras sociedades.
Enfocar en la crisis del cuidado
En la apertura del webinario la secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli compartió sus reflexiones luego de una breve introducción de coordinadora de Diálogo Político de la Fundación Friedrich Ebert (FES); Gabriel Casnati, coordinador de proyectos de Justicia Fiscal y Comercio de la ISP en América Latina; y María Lourdes Zea, dirigenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) e integrante del Comité Mundial de Mujeres (WOC) de la ISP.
Ella destacó el estudio de la ISP “Políticas fiscales, servicios públicos y la agenda de Beijing para los derechos de las mujeres”, que analiza los casos de Argentina, Brasil, Chile y Perú para discutir las posibilidades de adopción de políticas fiscales justas de manera a financiar servicios públicos de calidad que contribuyan en alcanzar los objetivos propuestos en la Plataforma de Acción de Beijing. “Este estudio ha demostrado cómo las políticas tributarias regresivas, así como prácticas como la evasión y elusión fiscales pueden ser un freno para el financiamiento del desarrollo de políticas públicas de igualdad”, dijo. Según Pavanelli, el financiamiento público de sistemas de cuidado es central para la implementación de la Plataforma de Beijing.
“No sabemos cómo va a concluir el Foro de Generación de Igualdad, tanto este de México como lo que tendrá lugar en París en los próximos meses, pero si no logramos que se tenga un enfoque central en la crisis del cuidado, y en la importancia que el cuidado tiene para establecer sociedades más justas, más inclusivas y que respondan de manera más efectiva a la valorización del rol de las mujeres y de la igualdad, creo que va a ser difícil pensar que Beijing+25 pueda brindar una salida positiva para la situación de las mujeres”, concluyó Pavanelli, señalando la importancia de difundir el manifiesto en favor de la reconstrucción de la organización del cuidado elaborado por la ISP y organizaciones aliadas.
Beijing, cuidados y políticas fiscales
El primer bloque del webinario, “Beijing+25, crisis de cuidados y los flujos financieros ilícitos”, fue moderado por Carolina Espinoza, dirigenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) de Chile, miembra del Comité Regional de Mujeres de la ISP Interaméricas y vice presidenta del Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC). Ella señaló el momento de agudización de las condiciones de desigualdad de género debido a la pandemia y destacó la importancia de la adopción de las cinco Rs propuestas por la campaña por la reconstrucción de la organización del cuidado para no solo generar la corresponsabilidad por este trabajo en las familias sino también para que el Estado se responsabilice por la provisión de sistemas de cuidado que permitan que la liberación de las mujeres para la vida pública y social.
Corina Rodríguez, del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN) e investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Politicas Públicas (CIEPP), de Argentina, presentó los resultados del estudio mencionado por Rosa Pavanelli: “Políticas fiscales, servicios públicos y la agenda de Beijing para los derechos de las mujeres”. Una de sus autoras, Rodríguez afirmó que desde el lanzamiento de la Plataforma de Acción de Beijing en América Latina ha habido tanto progresos como retrocesos en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas.
Si bien hubo avances en la consolidación de marcos normativos de protección y ampliación de estos derechos, en simultáneo se observa la retracción de recursos asignados a las políticas públicas para esta área causada especialmente por estructuras tributarias regresivas, pérdidas de recursos tributarios y el avance del conservadorismo en la región. Para ella se hace fundamental expandir los mecanismos de financiamiento, dotar de mayor progresividad los sistemas de impuestos e impedir los flujos ilícitos de dinero.
Es fundamental expandir los mecanismos de financiamiento, dotar de mayor progresividad los sistemas de impuestos e impedir los flujos ilícitos de dinero
Kate Lappin, secretaria regional de la ISP para Asia y Pacífico, analizó la privatización de los servicios de cuidado de ancianxs con base en estudios de caso de Canadá y Australia. Según ella, la privatización y la financierización de estos servicios impactan negativamente a toda la comunidad, pero en particular a las mujeres, pues una vez que la salud y el cuidado se vuelven más inaccesibles, las mujeres son obligadas a llenar el vacío del cuidado. Por otra parte, la privatización resulta en más explotación laboral en un sector mayoritariamente femenino.
Lappin reveló las evidencias de conexión entre la privatización de los servicios de cuidado de ancianxs y el aumento de la mortalidad, ya sea antes de la pandemia ya sea durante la actual crisis sanitaria. Según la secretaria regional de la ISP para Asia y Pacífico, se puede observar que gran parte de las empresas que invierten en los servicios de cuidado utilizan paraísos fiscales y estrategias de elusión fiscal.
Roosje Saalbrink, de la Womankind Worldwide, presentó el informe “Movimientos feministas y la visión de Beijing”. Para ella, las ambiciones de la Plataforma de Beijing no fueron alcanzadas 26 años después, sino que más bien el fundamentalismo creciente y el modelo neoliberal adoptado a escala global ha socavado los derechos de las mujeres y exacerbado la desigualdad de género.
Saalbrink señaló que los retrocesos em la agenda de Beijing están relacionados con la expansión sin precedentes de las multinacionales y la falta de responsabilización de estas empresas con respecto a los derechos humanos. La captura corporativa sobre los gobiernos hace que estos últimos prioricen los intereses de las transnacionales sobre la vida humana. La miembra de la Womankind Worldwide defendió también que el reconocimiento de las múltiples discriminaciones que pueden sufrir las mujeres pobres, de razas y etnias marginalizadas, LGBT y con discapacidad etc. debe estar en el centro de la inclusión de género.
Acciones hacia el futuro del cuidado
El segundo bloque del webinario, “Juntando fuerzas para dar forma al futuro del cuidado”, fue moderado por Jillian Bartlett, presidenta del National Union of Government and Federated Workers (NUGFW), de Trinidad y Tobago, co presidenta del Comité Regional de Mujeres de la ISP Interaméricas y miembra del Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC), quien detalló lo que son las cinco Rs de la campaña por la reconstrucción de la organización del cuidado.
Caroline Othim, coordinadora de Políticas y Campañas para África de la Alianza Global por Justicia Fiscal (GATJ), explicó que es necesaria adoptar una perspectiva feminista sobre la tributación para poner fin a las desigualdades de género alimentadas por los actuales sistemas fiscales nacionales basados en la recaudación y no en la redistribución.
Según ella, la pandemia de coronavirus evidenció la necesidad de reconstruir la organización del cuidado, y solamente modelos económicos feministas pueden reducir el tiempo que las mujeres dedican al cuidado, proveer ingresos de protección social y aplicar la justicia fiscal que permita que los Estados presten servicios públicos de cuidado que posibiliten que las mujeres participen de otras actividades políticas y sociales. Una reforma progresiva del sistema tributario, dijo Othim, incluye el fin de los paraísos fiscales y de los abusos fiscales, así como la constitución de un órgano tributario de carácter global.
Una reforma progresiva del sistema tributario incluye el fin de los paraísos fiscales y de los abusos fiscales, así como la constitución de un órgano tributario de carácter global.
Kate Donald, directora de Programas del Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR), presentó el informe “Una economía basada en derechos”, conectando esta propuesta con la Plataforma de Acción de Beijing. En una economía basada en derechos construida como contraposición al modelo neoliberal vigente, el suceso no es individual, sino que significa proveer vida digna, solidaridad en lugar de competencia, y respetar los límites del planeta, promoviendo la justicia económica y ambiental. En este sentido, el cuidado, es decir, su provisión por el Estado, está en el centro y no se lo considera como una mercancía o privilegio, explicó Donald, quien presentó un video sobre esta propuesta elaborado por su organización.
Neelanjana Mukhia, directora de Compromiso Global de Action Aid, presentó el informe “Quien cuida por el futuro”. Ella analizó el impacto de la nueva crisis de la deuda causada por la pandemia en el Sur Global, aliada a las condicionalidades impuestas por instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los efectos negativos de las políticas fiscales macroeconómicas regresivas en el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y, por extensión, en el cumplimiento de una amplia gama de derechos de la mujer. Según ella, muchos gobiernos están gastando más con los pagos de los servicios de la deuda que con salud y educación. El 80% de los países de bajos y medianos ingresos, dijo, no verán un aumento de trabajadorxs públicxs, lo que vuelve imposible una reorganización del cuidado.
Finalizando el encuentro, Verónica Montúfar, responsable mundial de Igualdad de la ISP, señaló los principales temas abordados durante el webinario, mencionados en la introducción de esta nota, y enfatizó la necesidad de construir un movimiento global que posibilite no solo pensar en la transformación del discurso, sino que haga que el derecho humano al cuidado se vuelva en un hecho real.