30 años de privatizaciones en Chile: lo que la pandemia reveló

Cómo la pandemia ha dejado al descubierto el error de años de privatizaciones, desmantelamiento y desfinanciación de los servicios públicos en uno de los países donde el neoliberalismo más ha avanzado en la América Latina, y donde ha posibilitado la subordinación de la vida social a las exigencias del mercado. Esta fue la discusión central del webinar “30 años de privatizaciones en Chile: el laboratorio neoliberal de América Latina y su impacto sobre los servicios públicos en tiempos de COVID”, realizado el último 23 de junio.

El encuentro organizado por las oficinas regional interamericana y del Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en conjunto con sus organizaciones afiliadas en ese país sudamericano, fue también escenario del lanzamiento del estudio “30 años de neoliberalismo en Chile: la privatización de los servicios públicos”, realizado por la ISP en alianza con la Fundación Nodo XXI.

La secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli inició la primera parte del webinar, que fue moderada por la secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur Nayareth Quevedo, señalando que el neoliberalismo y las privatizaciones en Chile han servido como una herramienta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) para reducir los derechos de la población y demonstrar que a la fuerza de la dictadura se sumaba la fuerza del mercado, que actúa como un dictador global que impone sus reglas sobre todas las instituciones.

Hablando desde Europa, Pavanelli afirmó que después de más de cuatro meses de inicio de la pandemia en ese continente habría que reflexionar sobre lo que podemos aprender. “La primera cosa: se ha demostrado que cuando la gente ya no tiene recursos para salvar su vida, recurre a los servicios públicos. No solo los individuos, pero también las empresas. Después de años y años de austeridad, políticas neoliberales, recortes de presupuestos de los servicios públicos, recortes de personal, cuando llega una crisis es el público que tiene que pagar para mantener la actividad del privado”.

Según la secretaria general de la ISP, otra lección de la pandemia es la demostración de que no solamente el sector de la salud es fundamental para el bienestar de la población, sino que también otros sectores, como de basura, agua, transporte, educación etc., cuyos trabajadorxs están comprometiéndose muchísimo durante la crisis pese a las malas condiciones de trabajo.

La crisis igual ha comprobado, dijo Pavanelli, que la globalización de la economía tal como se organiza actualmente no funciona, una vez que cuando los países se vieron obligados a responder a la emergencia, la cadena de suministro se interrompió, se cerraron las fronteras y muchos gobiernos tomaron iniciativas que nunca habíamos imaginado que sería posible. Sin embargo, dijo, se ha “olvidado” de tomar una medida crucial para los países en desarrollo que tienen que enfrentarse a la pandemia: la cancelación de sus deudas.

Finalmente, Rosa Pavanelli alertó que se ve señales de que muchos intereses van unificándose para seguir manteniendo el sistema de gobernanza de la economía que existe hoy. “Tenemos que levantar la voz para cambiar las reglas del juego”, afirmó. “Chile tiene la oportunidad de demonstrar que con la participación de la gente, de los sindicatos, hay posibilidad de cambiar las reglas del juego y hacer que los ciudadanos participen efectivamente en las decisiones democráticas.”

Giorgio Boccardo, director de la Fundación Nodo XXI, presentó el estudio realizado en alianza con la ISP recordando que la publicación está enfocada en 30 años de políticas neoliberales en democracia y que, por lo tanto, si se suma las medidas de este corte aplicadas durante el período dictatorial, ya son 50 años de neoliberalismo en Chile.

Según él, un elemento a destacar que ha quedado demostrado en el estudio es que no es cierto uno de los principales mitos del neoliberalismo. “Se cree que en sociedades neoliberales el Estado se encuentra ausente o reducido a mínimo. Cuando se revisa el estudio, se concluye que el desmantelamiento de la industria, de los servicios, la abertura a los mercados se hacen a partir de la acción del Estado”, dijo Boccardo, quién señaló que durante todos estos años el Estado chileno ha favorecido sistemáticamente la conformación de grupos privados en la salud, la educación, el sistema de pensiones y el sector de agua. “El Estado creó mercados que generó nichos de acumulación que ha formado grupos empresariales poderosos.”

Según el director de la Fundación Nodo XXI, los servicios públicos privatizados se sustentan porque el Estado moviliza enormes cantidades de recursos, formando una suerte de capitalismo de servicios públicos, en donde actúan empresarios de servicios públicos. En situaciones de crisis, sin embargo, éstos no responden adecuadamente y tampoco resultan ser eficientes cuando de proteger la vida se trata. “Contar con los servicios públicos en manos públicas no es solo un derecho, sino que en tiempo de crisis significa salvar vidas. Es imperativo fortalecerlos.”

El vocero de la Coordinadora No+AFP Luis Mesina destacó que la crisis ha evidenciado el desastre del modelo de privatizaciones impulsado a partir de los años 1980 por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, la primera ministra británica Margareth Thatcher y el papa Juan Pablo II, así como por los distintos organismos multilaterales. “Chile es la mejor expresión de un Estado capturado por el mundo privado. Pero aun antes de la sacrosanta alianza entre Reagan, Thatcher y Juan Pablo II en 1981, ya en 1979 en nuestro país se había promulgado el famoso Código Civil de Trabajo. Y a fines de 1980, el sistema privado de pensiones. Pinochet y su régimen cívico-militar en eso fueron absolutamente adelantados”.

Según Mesina, el proceso de privatización fue más lejos que en otros países de América Latina y ha generado en Chile la existencia de grandes fortunas en manos de muy pocos. Y, dijo, la privatización del sistema de pensiones fue lo que permitió el salto del empresariado chileno al dominio de la economía. “Las inversiones de los grandes capitalistas chilenos se hacen con el financiamiento del ahorro previsional de los trabajadores.”

Carolina Espinoza, representante titular del Comité Mundial de Mujeres de la ISP y co-presidenta del Comité Regional Interamericano de Mujeres de la misma organización, inició su exposición haciendo referencia a la fundación del Servicio Nacional de Salud en 1952 – que inspirado en el modelo británico tenía una mirada integral y logró excelentes resultados – y a Salvador Allende, uno de sus principales impulsores, entonces ministro de la Salud y el presidente derrocado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.

“Lamentablemente, con la irrupción de la dictadura se inicia en nuestro país el laboratorio del modelo neoliberal de ajuste estructural diseñado por organismos multilaterales, basado en el libre mercado, en el rol subsidiario del Estado, un modelo depredador, extractivista, con nefastas consecuencias socioeconómicas y medioambientales. En ese contexto se desmantela el Servicio Nacional de Salud [en 1979] y se instala el seguro público de salud”, señaló. Espinoza enfatizó que los gobiernos post dictadura mantuvieron este modelo, dando continuidad a los mecanismos de transferencia de recursos públicos al mercado de la salud, un modelo que hoy “ha mostrado con crudeza el desprecio que tienen los sectores dominantes por la vida”.

“Pero el 18 de octubre de 2019 iniciamos un proceso maravilloso y esperanzador que no ha terminado. El estallido social va a acabar con la Constitución de la dictadura, que garantiza la propiedad privada por sobre la vida”, destacó Espinosa, quien concluyó afirmando que desde el sector salud de la agrupación de organizaciones sociales Unidad Social se ha establecido un plan de acción que propone avanzar hacia un sistema universal de salud.

Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), lamentó que América Latina ha sido desde la llegada de los españoles “una tierra permanentemente de despojo cuyas materias primas han sido apropiadas por los países desarrollados comprometiendo así la vida de nuestro territorio”. Según él, la culpa de la pandemia no la tienen los murciélagos, sino que la actividad depredadora del planeta que promueve la destrucción de la biodiversidad, de la fauna y del ecosistema.

Mundaca resaltó que Chile no respeta la jurisprudencia internacional que coincide que el acceso al agua es un derecho humano y desde los años 1990 ha impulsado la privatización de la gestión de este bien. “Hoy día, como señala el informe, 89,1% de la distribución del agua está en las manos de tres grande consorcios”, dijo el vocero de Modatima, quien además señaló que las bases de la desigualdad en Chile tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales de las comunidades. “El origen de las principales fortunas del país está en la privatización del agua y de la tierra”. Así que para él uno de los desafíos de proceso constituyente en Chile es instalar en el debate público la reapropiación social de lo público.

Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), inició la segunda y última parte del webinar, que tuvo la moderación de Gabriel Casnati, coordinador del proyecto ISP/FES de Justicia Fiscal y TLCs en América Latina. Según Fuentes, el golpe de Estado de 1973 en Chile se ejecutó porque el capital y el imperialismo no perdonaron el hecho de ese país ser el primer Estado socialista que se constituyó por la vía democrática.

“El neoliberalismo se instala a través del terror. En las dictaduras de los países latinoamericanos de los años 1960 e 1970, se instaló a través del terror a la muerte. En los procesos democráticos de los años 1980, a través del terror a la inflación. Luego, a través del terror al desempleo. El terror es lo que permite instalar esta política. Así que la pandemia nos encontró con los Estados debilitados”, señaló.

Fuentes dio a su propio país como ejemplo: “En 1988, cuando Carlos Menen asume la presidencia de Argentina, el Estado nacional tenía 1.000.080 trabajadores de empresas públicas. En 2003, eran solamente 240.000. Fue brutal el desmantelamiento del aparato del Estado. Los trabajadores de servicios sanitarios, limpieza, mantenimiento etc. están haciendo frente a la pandemia más con su voluntad y compromiso que con recursos. Están cayendo muertos por la pandemia. Nos desarmaros absolutamente todo, la gente está poniendo el cuerpo”, dijo.

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y secretaria de Políticas Económicas y Desarrollo Sustentable de la Central Sindical de las Américas (CSA), llamó la atención para los datos proporcionados por organismos internacionales sobre el gran riesgo de la crisis sanitaria causada por la pandemia traer como consecuencia una crisis social y laboral de tremenda magnitud, que puede generar números como un 70% de informalidad y un 40% de desempleo, además de altos índices de extrema pobreza. Asimismo, Figueroa mencionó la alerta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de que algunos pueden salir aun más ricos de esta pandemia.

“Tenemos el desafío de primero contener la ola de contagio y proteger a la vida. Pero en paralelo eso debe venir acompañado de una voz de alerta respecto a las políticas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la crisis, que pueden terminar generando un desastre mayor, como por ejemplo la prioridad a la reactivación de la economía a través de la flexibilidad laboral, de la inestabilidad o de la implementación de la ley de teletrabajo”, señaló.

Para la representante de la CSA, existe la posibilidad de contra arrestar estas políticas desde que haya acuerdos unitarios y amplias convergencias. “Eso requiere profesionalismo del movimiento sindical y también transcender las fronteras nacionales”, dijo Figueroa, quien también afirmó que tras la pandemia dos cosas han quedado claras: que no se puede remplazar la fuerza laboral y que no se puede remplazar las políticas del Estado. “Son dos grandes ejes que tienen que ser los puntos de lanza de cualquier estrategia que queramos construir.”

José Perez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), reafirmó como la pandemia ha dejado evidente el desmantelamiento del sistema de salud chileno y como tras la crisis sanitaria recién se inició una transferencia directa de recursos a este sector pero que todavía no llega de manera suficiente.

“Eso está condenando a la muerte a las y los trabajadores y a la población chilena. El rol subsidiario del Estado hace prevalecer el mercado por sobre la vida. Junto a las y los compañeros del sector público tenemos la obligación de luchar por poner en el ser humano en el centro. El rol del Estado deve incluso configurar en la nueva Constitución como garantizador de los derechos sociales y de que los recursos estén al servicio de la mayoría", dijo.

El secretario regional de la ISP Jocelio Drummond cerró el webinar calificando el estudio lanzado como un marco y destacando la desconstrucción que hace del mito neoliberal del Estado mínimo. "Estado mínimo para nosotros. Para las grandes empresas el Estado es máximo", afirmó.