Los objetivos fijados por el Consejo Europeo de Barcelona en 2002 eran que al menos el 33% de lxs niñxs menores de 3 años tuvieran acceso a guarderías y servicios para la primera infancia, y que al menos el 90% de lxs niñxs entre los 3 años y la edad de escolarización obligatoria tuvieran acceso a escuelas infantiles.

El artículo 4 del Decreto italiano 65 de 2017 establece que "el Estado promoverá (...) la consolidación progresiva, la expansión, así como la accesibilidad de los servicios de educación de la primera infancia, también a través de una mejor cobertura territorial, con el objetivo tendencial de alcanzar al menos el 33% de cobertura de la población menor de tres años a nivel nacional".

Hoy en día, Italia está muy lejos y por debajo del objetivo para el grupo de edad de 0 a 3 años dada la falta de personal.

Esta tendencia debe invertirse. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia post-Covid19 prevé, en su Misión 4 dedicada a la Educación e Investigación, 4.600 millones de euros dedicados al Plan de guarderías, servicios integrados y jardines de infancia (3-6 años) con el objetivo de aumentar la oferta de guarderías y servicios para niñxs y favorecer una distribución equilibrada en todo el país.

Aunque los recursos para este capítulo son considerables, no es seguro que este aumento de la financiación de las guarderías y jardines de infancia sea suficiente para garantizar una plaza para 228.000 niños.

La oferta de educación infantil hace tiempo que alcanzó el objetivo europeo fijado en Barcelona, si bien existe un considerable retraso en la cobertura de nuestro territorio debido al sistema integrado de educación y formación desde el nacimiento hasta los 6 años.

La difusión y la oferta de los servicios educativos locales disminuye tanto en estructura como en capacidad cuanto más se acerca al sur del país o cuanto más se aleja de los centros urbanizados.

En este momento los fondos establecidos en la Ley de Presupuestos para 2020 (art. 1, párrafo 59, Ley n.º 160/2019) de unos 300 millones, se han centrado en la conversión o construcción de nuevos servicios para la primera infancia.

Además, dado que por reglamento del Fondo de Recuperación los dos mil millones deben destinarse a inversiones extraordinarias, huelga decir que los presupuestos del Estado y de las autoridades locales deben apoyar las inversiones para la puesta en marcha de los servicios, con fondos que garanticen la contratación de plantillas adecuadas, las vías de profesionalización, la valorización y la formación profesional del personal de la educación municipal.

Por ello, necesitamos un plan de contratación orgánico que vaya más allá de la rotación, porque el objetivo debe ser ampliar el acceso a los servicios educativos locales para todxs.

Según los datos estadísticos del ISTAT 2019 sobre el grupo de población de 0 a 3 años, 5.500 guarderías -la mitad del total activo- están en manos privadas y cuentan con 21.000 educadoras. En algunos municipios la totalidad de la oferta de servicios la prestan operadores privados de servicios sociales.

Los recursos disponibles a partir de 2022 son insuficientes, aunque se canalicen de forma adecuada (a través de una sección del Fondo de Solidaridad Municipal). Así, las inversiones previstas corren el riesgo de llevarse a cabo sin una reorganización paralela de las estructuras, la contratación pública, los convenios, la acreditación y los procesos de elaboración; y sin salvar la brecha de competencias y las importantes diferencias en la distribución regional de lxs empleadxs en los servicios sociales y educativos locales.

Hoy en día, invertir en la cualificación de lxs empleadxs de los servicios públicos y aumentar la oferta de guarderías municipales significa, por un lado, mejorar las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional de quienes trabajan en dichas guarderías y

jardines de infancia y, por otro lado, garantizar la ciudadanía social mediante un acceso equitativo a la prestación de servicios públicos locales para las generaciones futuras.

Italia es un país que envejece y asegura cada vez menos movilidad social a las nuevas generaciones. La inversión en la primera infancia y el acceso a la educación y la formación públicas son la primera gran palanca para recuperar la movilidad social en nuestro país.

Para una sociedad más justa y equitativa es necesario que se empiece por lxs niñxs y, sobre todo, por el personal educativo y el profesorado, los cuales pueden contribuir a una sociedad más inclusiva a través de su profesionalidad y competencia y con el respaldo de una adecuada oferta de servicios educativos locales en todos los territorios.

STOP outsourcing Italian education services!

Funzione Pubblica Cgil, Italy, has launched this petition addressed to Mario Draghi, President of the Italian Council of Ministers.

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