FIRMA: Llamamiento a la acción sobre la financiación nacional para la educación post-Covid

Si deseas añadir tu nombre o el de tu organización a esta Convocatoria a la Acción, por favor envía un correo electrónico a [email protected] antes del 4 de septiembre con el título del asunto: Signing the Call to Action

Este llamamiento a la acción surge de un webinar celebrado el 28 de julio de 2020, convocado por ActionAid con oradorxs destacadxs de la UNESCO, la Internacional de la Educación, la Alianza Mundial para la Educación, la Alianza Mundial para la Justicia Fiscal, la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, la Open Society Foundation, Wellspring Philanthropy, la Fundación Peter Cundill, y en donde el Ministro de Educación de Sierra Leona pronunció un discurso de apertura. Cientos de participantes de gobiernos de países en desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones filantrópicas, sindicatos y movimientos, organismos de las Naciones Unidas y asociaciones de múltiples interesados se reunieron para identificar soluciones a la crisis que se avecina en la financiación nacional de la educación pública. Este llamamiento a la acción, que consta de diez puntos, se basa en las cuestiones críticas y las ideas que se compartieron.

El Covid-19 ya ha expulsado a 1.500 millones de niñxs de la escuela y con los sistemas educativos enfrentados a una crisis devastadora en la financiación pública, no está claro cuántos de ellxs podrán regresar con seguridad, o qué calidad de aprendizaje podrán proporcionarles las escuelas si lo hacen. La UNESCO estima que al menos 210.000 millones de dólares se recortarán de los presupuestos de educación el próximo año simplemente debido a la disminución del PBI. La presión para reasignar los escasos recursos a las redes de seguridad social y de salud, podría recortar un 5% de los presupuestos de educación, lo que supondría una pérdida total de 337.000 millones de dólares en gastos de educación, y el Banco Mundial proyecta que se podrían hacer recortes aún mayores, del 10%, en el horizonte. Esto es probable pero no inevitable. Necesitamos voluntad política, soluciones audaces y una acción urgente para evitar que esta crisis sanitaria desencadene una calamidad educativa que podría afectar a las perspectivas de vida de toda una generación de niñxs.

El llamamiento:

1. Defender la parte del presupuesto destinada a la educación

Los países en desarrollo deberían gastar por lo menos el 20% de sus presupuestos nacionales en educación. El Covid-19 no debe ser una excusa para el retroceso, reduciendo la parte de los presupuestos asignados a la educación, ya que esto sería una traición a la próxima generación y una violación de los compromisos en materia de derechos humanos. Todos los agentes internacionales de la educación deben utilizar sus propios recursos e influencia para incentivar a los gobiernos a mantener o aumentar la proporción de los presupuestos nacionales asignados a la educación.

2. Aumentar el monto del presupuesto a través de la acción de un impuesto justo

Los países deben esforzarse por lograr una relación mínima entre impuestos y el PBI del 20% a fin de prestar servicios públicos de calidad. El FMI estima que la mayoría de los países podrían aumentar sus impuestos en relación con el PBI en un 5% en los próximos años, lo que permitiría duplicar el gasto en salud, educación y otros servicios esenciales. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) es sumamente urgente aumentar los impuestos de manera justa y progresiva, entre otras cosas mediante el establecimiento de nuevas normas mundiales para garantizar que las corporaciones paguen la parte que les corresponde, aumentar los impuestos sobre el lucro y la riqueza excesivos, poner fin a los incentivos fiscales perjudiciales (por los que los países en desarrollo pierden 138.000 millones de dólares al año), impedir la evasión fiscal agresiva (por la que los países en desarrollo pierden por lo menos 200.000 millones de dólares al año) y detener las corrientes financieras ilícitas. Los agentes que se ocupan de la justicia en materia de educación deben conectarse más estrechamente con los que se ocupan de la justicia fiscal.

3. Aprovechar los recursos existentes en los tesoros nacionales mediante la acción sobre el servicio de la deuda

Se avecina una crisis de la deuda que podría hacer que la educación se vea afectada en un momento en que miles de millones de jóvenes que viven en la pobreza se enfrentan a la perspectiva de un desempleo y una indigencia permanentes. Según la UNCTAD, sólo en 2020 y 2021 los países en desarrollo se verán obligados a entregar hasta 1 billón de dólares en pagos de la deuda externa, dinero que se necesita desesperadamente para la educación y otros servicios de primera línea si queremos evitar un aumento masivo de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, los líderes del G20, las instituciones financieras internacionales y los prestamistas del sector privado deben comprometerse ahora a extender una moratoria de los pagos de la deuda a todos los países en desarrollo que la necesiten, al menos hasta finales de 2022. A más largo plazo también es necesario un nuevo pacto sobre la reestructuración de la deuda: las deudas suspendidas deben cancelarse permanentemente para que ningún país gaste más en el servicio de la deuda que lo que gasta en educación o en salud, y debe adoptarse un enfoque más amplio de la sostenibilidad de la deuda que tenga en cuenta las necesidades de financiación a largo plazo, con negociaciones sobre la deuda basadas en la premisa de que los países inviertan en los objetivos de desarrollo del Milenio, los objetivos climáticos y los compromisos en materia de derechos humanos e igualdad de género; y los donantes y acreedores deben comprometerse a una total transparencia y rendición en la concesión de futuros préstamos.

4. Dejar atrás décadas de austeridad

En las últimas décadas, el FMI ha fomentado las políticas de austeridad en los países en desarrollo, dando mayor prioridad a la contención de la inflación y los déficits que a permitir que los países inviertan en objetivos de desarrollo. Hay algunos indicios positivos de que el FMI está cambiando su retórica, pero ante la crisis económica de Covid-19, estos cambios deben acelerarse y llevarse a la práctica. El gasto en servicios públicos como la salud y la educación debe considerarse parte de la infraestructura social básica de un país, que debe protegerse, y las inversiones en servicios públicos de calidad deben considerarse parte de la solución de la crisis y no del problema.

5. Resistir las limitaciones de los gastos salariales del sector público para contratar más profesionales de la educación (y de enfermería)

Para alcanzar los objetivos del ODS4 y mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico, se necesitan más de 17 millones de nuevos profesionales de la educación sólo en África para 2030. Sin embargo, en los últimos tres años el FMI ha aconsejado a los países que congelen o recorten los gastos salariales del sector público, bloqueando a veces involuntariamente la contratación de maestrxs, médicxs, enfermerxs y otrxs empleadxs esenciales de la administración pública que se necesitan con urgencia. Covid ha aumentado la conciencia de la importancia del espíritu del sector público y, por consiguiente, ha llegado el momento de poner en tela de juicio cualquier sesgo inconsciente y reevaluar las actitudes respecto del empleo en el sector público. El FMI debe revisar urgentemente su asesoramiento en materia de políticas y las condiciones de los préstamos en esta esfera, y los gobiernos de los países en desarrollo deben estudiar la posibilidad de buscar alternativas, considerando que la inversión en personal de la educación (y de la salud) es una parte fundamental para reconstruir mejor nuestras sociedades.

6. Revertir la disminución de la asistencia a los países más necesitados

La caída del PBI relacionada con Covid en todo el mundo es probable que lleve a una caída en los presupuestos de asistencia solidaria el próximo año. Esto se suma a la tendencia de los donantes a utilizar su ayuda para promover sus propios intereses comerciales y de seguridad en lugar de las necesidades de los países más pobres. Es necesario proteger los presupuestos de asistencia y reorientarlos hacia los países que se enfrentan a los mayores desafíos. La ayuda a la educación debería ser una prioridad especial en el período posterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), como parte de una revalorización de los sistemas públicos, con una clara prioridad a la equidad tanto en la distribución como en la asignación de la ayuda.

7. Armonizar y alinear la ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de educación pública

En el pasado hemos visto con demasiada frecuencia cómo los desastres o crisis nacionales se han utilizado como oportunidades para desmantelar los sistemas públicos y avanzar en la privatización. El Covid-19 debe ser diferente. Es una crisis mundial y ya está claro que la acción del gobierno y los sistemas públicos serán clave para la reconstrucción y la reforma de la educación en la escala que se requiere. La ayuda de las necesidades bilaterales y multilaterales debe armonizarse y alinearse mejor para fortalecer los sistemas gubernamentales, siguiendo el modelo positivo de la Alianza Mundial para la Educación. Los fideicomisos y las fundaciones deben reconocer el papel crucial que pueden desempeñar en el fortalecimiento de los sistemas públicos, considerando la prestación privada como un síntoma de fracaso en lugar de una solución sostenible o equitativa.

8. Garantizar que los presupuestos de educación den prioridad a la inclusión, la equidad y la transformación

Para reconstruir mejor es fundamental reconocer que los sistemas de educación existentes no son equitativos, excluyen a las niñas y los niños con discapacidad y perjudican a las comunidades más pobres o más excluidas. Como se señala en el informe GEM 2020, no se está cumpliendo la promesa de llegar primero a los más atrasadxs", y "lxs niñxs con discapacidad corren un riesgo especial de exclusión de la educación". El Covid-19 podría exacerbar estas desigualdades existentes o podría utilizarse como un punto de inflexión fundamental en el que se aplique una perspectiva de género e inclusión a todos los aspectos de la educación -incluida la planificación, la presupuestación y el gasto- para promover la igualdad y la inclusión en el acceso, la retención y el rendimiento en todos los niveles. La atención a la equidad y la inclusión es fundamental para que el gasto en educación sea eficaz. Con demasiada frecuencia los sistemas educativos contribuyen a reproducir las desigualdades e injusticias dentro de las sociedades a las que sirven, pero la educación tiene el potencial de ser la fuerza igualadora más poderosa dentro de una sociedad, si el propio sistema es realmente equitativo a todos los niveles. Renovemos después de la Conferencia una visión transformadora de los sistemas educativos eficaces.

9. Aumentar la transparencia y la rendición - como clave para un gasto efectivo y eficiente

Con demasiada frecuencia, los presupuestos de educación no llegan a las escuelas de las comunidades más desfavorecidas. A menos que haya un escrutinio independiente, los presupuestos son mal utilizados o se extravían. El Covid-19 ya está ejerciendo una presión adicional sobre los presupuestos y los sistemas de supervisión para garantizar que se utilicen de forma transparente y eficaz. Los agentes de la sociedad civil pueden desempeñar un papel crucial en el seguimiento de los presupuestos, asegurándose de que el dinero asignado llegue a destino y las decisiones se adopten de forma transparente al nivel adecuado. Es esencial fortalecer las voces de la sociedad civil -y el espacio político para que esas voces sean escuchadas-. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es necesario que se produzca una revolución en la rendición de cuentas pública de los sistemas educativos, tanto a nivel local como nacional, una asociación entre el público para que los sistemas públicos faciliten y respondan a la participación pública.

10. Trabajar en todos los sectores para defender los servicios públicos y hacer participar a los Ministerios de Finanzas

El Covid-19 ha dejado más claro que nunca que los defensores de la educación deben trabajar en estrecha colaboración con los defensores de la salud, y con otros defensores del sector público. No conseguiremos avances estratégicos en la financiación de un servicio público cuando otros están siendo recortados. Hay fuertes áreas comunes de preocupación - en torno a los impuestos, la deuda, la austeridad y la fuerza de trabajo del sector público. Debemos aprender a trabajar con otros para entablar debates estratégicos de más alto nivel con los ministerios de finanzas.

A tan sólo diez años de la fecha límite de 2030 para los ODS, la crisis de Covid debe representar un punto de inflexión en la financiación de la educación. Nos comprometemos a trabajar juntxs para movilizar los recursos necesarios para cumplir con el ODS4, utilizando los recursos internacionales para ampliar en lugar de desplazar la financiación nacional sostenible. El apoyo internacional puede desempeñar un papel crucial cuando se utiliza para incentivar la financiación nacional previsible necesaria para lograr transformaciones reales en los sistemas públicos.

Mientras respondemos a esta crisis de Covid tengamos en cuenta también los desafíos existenciales que presenta la crisis climática. Necesitamos la educación pública para ayudar a forjar una nueva generación de ciudadanxs globales activxs que se preocupen por el desarrollo sostenible. Nos comprometemos a trabajar juntxs para construir sistemas de educación pública que se financien de manera sostenible y que contribuyan a construir economías y sociedades que realmente puedan cuidar tanto de las personas como del planeta.

Nota: Puedes ver una grabación del webinar aquí:

https://drive.google.com/file/d/1mw7cRGecz5q9cDexp2VSs8fPpVzo6FNC/view?usp=sharing

Lxs presentadorxs y oradorxs del webinar fueron: Julia Sanchez, Secretary General, ActionAid International; Hon. Dr. David Moinina Sengeh, Minister of Education, Government of Sierra Leone; Caroline Othim – Policy Coordinator, Global Alliance for Tax Justice; David Archer – Head of Public Services, ActionAid; Dennis Sinyolo – Senior Coordinator, Education International; Nalucha Nganga Ziba – Country Director, ActionAid Zambia; Stefania Giannini – Assistant Director General UNESCO; Nora Fyles – Director, United Nations Girls Education Initiative; Alice Albright – CEO, Global Partnership for Education (by video); Jean Marc Bernard (GPE); Camilla Croso – Director of Education, Open Society Foundations; John Rendel – Director, The Peter Cundill Foundation; Michael Gibbons – Wellspring Advisers.