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Encuentro sobre Servicios Públicos Universales y de Calidad para el nuevo Chile contó con la presencia de Rosa Pavanelli

Apr 27, 2022

En el marco del debate mundial sobre la necesidad de promover servicios públicos universales y de calidad como cimientos de una sociedad justa y equitativa, la ISP y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), realizaron un encuentro internacional el 26 y 27 de abril.

El encuentro contó con la presencia de representantes internacionales, del Poder Legislativo chileno, de la Convención Constitucional, de la sociedad civil y del mundo del trabajo y buscó aportar al debate que se está dando en Chile -en el marco del proceso constituyente y el nuevo Gobierno- sobre la necesidad de contar con servicios públicos universales y de calidad como cimientos de una sociedad justa, equitativa, además de  reflexionar sobre la necesidad de una  nueva constitución que provea de servicios públicos financiados para garantizar los derechos humanos y sociales que el pueblo de Chile demandó durante la revuelta de octubre de 2019. 

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En el marco del debate mundial sobre la necesidad de promover servicios públicos universales y de calidad como cimientos de una sociedad justa y equitativa, la ISP y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), realizaron un encuentro internacional el 26 y 27 de abril.

Encuentro Internacional sobre Servicios Públicos Universales y de Calidad para el nuevo Chile

Durante la actividad,  que fue transmitida vía Facebook Live y Zoom para toda América Latina y que reunió virtualmente a más de cien personas, se debatió acerca del rol de los servicios públicos en garantizar los derechos humanos, incluyendo la igualdad de género y la justicia social, su fortalecimiento para responder a la desigualdad y el colapso ecológico, su financiamiento y su papel en la construcción del nuevo Chile post proceso constituyente. 

En la construcción de un Estado Social, democrático y de derechos

 “La importancia de este encuentro radica en que por primera vez nos reunimos los sindicatos públicos, sociedad civil, convencionales constituyentes, parlamento y nuevo gobierno para hablar de la necesidad de fortalecer los servicios públicos y su financiamiento en la nueva Constitución, más aún después de lo que hemos visto con la pandemia, donde se puso en evidencia el error de años de privatizaciones de los servicios públicos, especialmente en países como Chile que es un experimento extremo del neoliberalismo”, señaló Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur.

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur
Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur

Por su parte, la representante en Chile de Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Valentina Contreras, señaló que este encuentro fue de “suma importancia para comenzar a hacer realidad un Chile en donde los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean realmente garantizados en la práctica, a través de servicios universales, de calidad y con financiamiento suficiente. Este es un primer paso, pero quizás el más fundamental”. 

Atravesamos tiempos históricos 

“Son tiempos distintos los que vivimos hoy; de cambio y restructuración, de dibujar nuevos caminos a problemáticas que los movimientos sociales ya venían visibilizando hace tiempo: los conflictos socio ambientales y el estrés de nuestros ecosistemas, el movimiento estudiantil por el fin al crédito con aval del Estado, los gremios de la salud levantando las banderas de un sistema público y universal, el movimiento feminista construyendo estrategias para erradicar toda forma de violencia y discriminación de género, los trabajadores y trabajadoras desprotegidos de su acción sindical, anunciando ya la crisis del sistema de pensiones, que lleva a la pobreza a los adultos mayores por no contar con una pensión digna”, destacó en la inauguración del encuentro Valeska Naranjo Dawson, subsecretaria general del gobierno de Chile. “Los esfuerzos institucionales no han solucionado aun el abuso del que somos objeto, como ciudadanía, porque sabemos que los límites constitucionales de Chile establecieron la desigualdad como un amarre estructural”, agregó.

 “Lo que hoy está en disputa, añadió la  subsecretaria general del gobierno, es un proyecto que reconozca la diversidad de hablares y sentires ciudadanos, a propósito del rol del Estado en materia de consolidación de un abanico de derechos fundamentales que, poco a poco, se van trazando en el diálogo e interpretación de los anhelos de la ciudadanía: El derecho a la vivienda, a la seguridad social, la sindicalización y la libertad sindical, a un sistema universal y público de salud, a la educación, a la ciudad y al territorio y a participar activa y directamente de las decisiones”.

 Por su parte el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo Bosoni, hizo hincapié en que “atravesamos tiempos históricos. Quizás los desafíos más importantes que, como humanidad hemos tenido que afrontar: la crisis climática, la transformación tecnológica está afectando rápidamente nuestros puestos de trabajo,  pero también estamos frente a antiguas desigualdades sociales, de género, culturales, el hambre, son todas materias que, como planeta, estamos enfrentando. Son ustedes los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos los que han estado en la primera línea enfrentando cotidianamente lo que ocurre”.

 “Pese a este adverso escenario,  quizás una de las cuestiones que nos ha ratificado la pandemia es que los servicios públicos son esenciales para nuestro diario vivir y sin ellos no podemos reproducir nuestras vidas”, añadió.

Servicios Públicos Universales y de Calidad en la nueva Constitución

 En la  jornada del 26 de abril se realizaron dos paneles. El primero, estuvo moderado por Valentina Contreras, de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) y contó con la presencia de la vicepresidenta del Comité Regional de Mujeres de la ISP, Carolina Espinoza; el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quienes reflexionaron sobre la discusión constitucional actual que plantea fortalecer el rol del Estado y su importancia en la provisión de servicios públicos de calidad para garantizar derechos sociales en la nueva Constitución.

Carolina Espinoza, ISP subrayó que “como ISP,  en el marco de la revuelta social, desarrollamos asambleas constituyentes autoconvocadas y construimos una propuesta para el nuevo Chile que queremos. Una vez instalado el reglamento de participación de la Convención Constitucional, tradujimos esa propuesta en nuestra iniciativa popular de norma. Fue una experiencia maravillosa estar en la calle, recogiendo los apoyos ciudadanos. Tenemos la dicha de que nuestra propuesta sea una de las 78, de las más de 2.500 que fueron admitidas, que lograron llegar al debate formal”.

Carolina Espinoza, primera a la derecha
Carolina Espinoza, primera a la derecha

En lo central, Carolina Espinoza hizo referencia a la propuesta de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y de Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) que propone terminar con el actual modelo de Estado Subsidiario para consagrar un Estado Social, Democrático y de Derechos; reducir la primacía del derecho a la propiedad privada, que hoy sustenta la lógica subsidiaria; la eliminación de la exigencia de elevados quórums para aprobar la intervención pública necesaria para asegurar la provisión de servicios públicos de calidad, desplazando el peso que hoy tienen los actores empresariales en tales actividades.

Así mismo, la iniciativa plantea, entre otras materias, la “provisión universal y pública de derechos sociales, asegurando que no exista ninguna discriminación; terminar con la desigualdad de género y que incorpore además la sabiduría, la experiencia y la cultura de los pueblos originarios”.

Posteriormente, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional inició su intervención destacando que “Chile es un Estado social democrático de derechos. Ese es el primer artículo que está aprobado, como borrador de la nueva Constitución y, probablemente, encabezará la propuesta del nuevo texto. Que Chile sea un Estado social implica que el Estado se obliga a que se pueda concretar el cumplimiento de los derechos, no sólo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales”.

La consecución de los derechos sociales está íntimamente ligado a los servicios públicos, enfatizó el vicepresidente de la Convención Constitucional. “Y en un contexto constituyente, en donde probablemente uno de los principales cambios y transformaciones está dirigidos a mejorar la provisión de derechos sociales, uno de los principales actores que se enfrentará al desafío serán los servicios públicos”.

En esa misma línea, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, precisó que "no es posible concebir un Estado social de derecho sin servicios públicos que estén a la altura de ese desafío", al tiempo de respaldar la Convención Constitucional y desearles éxito en su desarrollo.

El segundo panel, cuyo objetivo fue comentar el estado actual de los debates internacionales sobre los servicios públicos y su relevancia en el marco de la pandemia. Así como también, el rol del Estado en la garantía de los derechos sociales y los desafíos del proceso Constituyente y la nueva Constitución de Chile, estuvo moderado por Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur, y contó con la participación de Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP; Magdalena Sepúlveda directora ejecutiva de GI-ESCR y Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile.

Rosa Pavanelli
Rosa Pavanelli

“La pandemia nos ha enseñado, primero, que hay trabajadores que son fundamentales para garantizar la continuidad de la vida social, económica de nuestras comunidades, de nuestros países”, recalcó la representante de la ISP, quien también habló de los aprendizajes de la pandemia, destacando que “en los países en donde se ha invertido más en los servicios públicos en los últimos años, ha sido menor el impacto del Covid y menor el número de las víctimas dentro de las y los trabajadores públicos”.

En tanto, Magdalena Sepúlveda, señaló que “en Chile nos encontramos en un momento de cambios importantes. El proceso constitucional ha sido el resultado de demandas ciudadanas de larga data y la nueva Constitución deberá sentar los cimientos para que la política pública pueda hacerse cargo de esos problemas estructurales que llevaron a la movilización ciudadana”.

Estas demandas insatisfechas de la ciudadanía son demandas de derechos sociales, económicos y culturales de larga data. Son demandas a un derecho a la salud, a la educación, a la protección social, a una vivienda digna, añadió. “Son estos mismos derechos los que ahora deberán encontrar cabida en la nueva Constitución para que la política pública los satisfaga”,  afirmó.

Mientras, el rector de la Universidad de Chile sentenció que "la destrucción de lo público arrasó con el sentido de cohesión del país. Esa experiencia es válida en todos los niveles de la educación”, por lo que llamó a “reconstruir el sistema público en Chile”.

Los servicios públicos como la base de una sociedad justa

Durante el segundo día del encuentro, se desarrolló un trabajo de grupos organizados sectorialmente (salud, educación, justicia, fiscalidad, territorios y empresas del Estado) donde se dio a conocer el contenido del Manifiesto Global para los Servicios Públicos, impulsado por una docena de organizaciones como la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR),  que posiciona a los servicios públicos como la base de una sociedad justa y de pactos sociales que implementan los valores fundamentales de solidaridad, igualdad y dignidad humana; y que promueve una serie principios para servicios públicos de calidad universal en el siglo XXI y cómo es posible financiarlos de manera universal.

En el taller participaron los sindicatos del sector público afiliados a la ISP, sindicatos de las empresas del Estado como Correos de Chile y organizaciones de la sociedad civil, que se comprometieron a implementar una agenda post proceso constituyente para promover una narrativa alternativa al modelo neoliberal, destacando los servicios públicos universales y de calidad como garante de derechos sociales para todas las personas.




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