Dirigentas de Brasil participan en el 2.º encuentro subregional sobre violencia en el mundo del trabajo

En total, habrá cuatro encuentros subregionales que discutirán el tema. El primero, celebrado el 8 de octubre, reunió a las dirigentas del Cono Sur. La tercera actividad, el 28 de octubre, contará con la participación de las afiliadas de los Países Andinos, mientras que a la última reunión, el 11 de noviembre, asistirán las líderes de la subregión de México, Centroamérica y República Dominicana.

Vea el encuentro completo de Brasil en el siguiente video:

La secretaria subregional del ISP para el Cono Sur, Nayareth Quevedo, coordinadora del proyecto FORSA, inauguró el evento virtual recordando que la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus ha hecho que el teletrabajo forme parte de la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. Así que debido a esta realidad surgieron dificultades relacionadas con el acceso a la tecnología, el impacto en los hogares y los dilemas de salud y seguridad. “Se destacaron las desigualdades existentes, especialmente la desigualdad de género, que se convirtió en un peligro mortal en algunos hogares”, dijo Nayareth, refiriéndose al aumento de la violencia doméstica en el período.

Luba Melo, representante titular del Brasil en el Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC), aportó cifras que muestran cuánto necesita el país para avanzar en relación con la igualdad de género. “Somos el quinto país del mundo en feminicidios. En Brasil, hay una violación cada ocho minutos”.

Ante esta situación, Denise Motta Dau, secretaria subregional de la ISP para Brasil, dijo que es esencial contar con políticas públicas para hacer frente al acoso y la violencia de género en el mundo del trabajo. Ella también habló de la investigación realizada por la ISP Brasil “Trabajadoras y Trabajadores Protegidos Salvan Vidas”, que mostró un sufrimiento psicológico mucho mayor entre las mujeres trabajadoras en el ámbito de la salud y los servicios esenciales durante la pandemia.

Verónica Montúfar, la Responsable mundial de género de la ISP, resaltó que la pandemia ha provocado una exacerbación de las desigualdades y el relieve de otras crisis debido a la existencia previa de una construcción social y política inequitativa. “Dos de estas crisis que se ponen de relieve y que se marcan como temas de total emergencia es la crisis alrededor del cuidado y la crisis alrededor de la violencia”, dijo.

“El trabajo de cuidado no remunerado sigue teniendo una carga de invisibilidad sobre todo del aporte económico que este trabajo está haciendo no solo a la sociedad sino a la acumulación de capital. Y por otra parte hay el trabajo remunerado de cuidado que es devaluado, donde hay malas condiciones laborales y salariales y también inequidad de pago”, señaló ella, para quien el no reconocimiento del derecho humano al cuidado se refleja en la total ausencia de sistemas públicos de cuidado.

Según Montúfar, vivemos el momento en lo que el contexto y la coyuntura política internacional demanda que se abra el debate sobre una reformulación del concepto de trabajo de cuidado que parta de su reconocimiento económico, de su reducción y de su redistribución, pero, fundamentalmente, de la intervención del Estado a través de la restauración de sistemas públicos de cuidado. “Pensamos que esta desigualdad existente con respecto al trabajo de cuidado va generando condiciones materiales, psíquicas e ideológicas para presentar y generar violencia en las relaciones de género, así que si logramos cambiar el rol de secundaridad del trabajo de cuidado, existirán las condiciones para generar una reducción de la violencia”, concluyó.

Para María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), de Chile, la sociedad patriarcal heteronormativa en la que vivimos produce siempre violencia de género y más desigualdad por medio de un círculo vicioso. Para ella, si bien se ha desarrollado elementos protectores a la vida y los derechos de las mujeres, hay muchos elementos incitadores de la violencia que son normalmente entendidos como naturales y no como construcciones sociales a partir de modelos de desarrollo determinados.

“Aparte de estos elementos, están las crisis como factores estimulantes tanto al naturalizar la violencia de género como invisibilizarla como un problema político. En cambio hay factores protectores que hay que tener en cuenta como por ejemplo el Convenio 190 de la OIT. Este convenio puede efectivamente ayudarnos y ser un fator protector. Lo mismo con políticas públicas con enfoque de derechos, pero no aquellas que entienden a las mujeres como receptoras de fondos de transferencia, pero sen redistribución social de trabajo. Finalmente, un importante factor protector a la violencia de género es una mayor habilitación laboral y el trabajo remunerado de calidad”, explicó.

Villegas llama la atención para el hecho de que la pandemia ha incrementado el trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres no solo en sus hogares, como también en las comunidades. “Las iniciativas para contener los efectos de las crisis al nivel comunitario se cargan sobre las espaldas de las mujeres. Hay funcionarias públicas donando tiempo adicional para ir en apoyo a sus comunidades.”

Por su turno, Viviana García, directora en la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (FESPROSA) de Argentina, explicó detalladamente a las participantes del encuentro los aspectos y dimensiones del Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Pero previamente, ella resaltó que la violencia y el acoso siempre ocurren cuando existen relaciones desiguales de poder.

“Quienes sufren mayor violencia y acoso son justamente las, los y les trabajadores a quienes el patriarcado ha asignado un rol en la esfera pública. El origen de la división sexual del trabajo se dio con las mujeres a cargo del ámbito doméstico, del trabajo de cuidado, de la reproducción de la vida. Con el capitalismo, esta división se repitió en el ámbito público y a las mujeres les fueron asignados los trabajos de cuidados, de menor calidad, de mayor informalidad y menos remunerados”, afirmó.

Según García, el gran mérito del Convenio 190 es establecer el vínculo total entre las relaciones laborales y los derechos humanos. “El Convenio reconoce el mundo del trabajo no solo como el espacio físico. Va más allá, es el espacio del hogar, de la capacitación, de la formación, el ir y venir, todo esto es el mundo del trabajo. Ya sea formal o informal”, explicó.

Entre otros méritos de este instrumento, para la directora de FESPROSA, están la inclusión de terceras partes, como pacientes, usuarios de servicios públicos y clientes, como integrantes del mundo del trabajo, el reconocimiento de los factores de riesgo psicosociales, y la mención a las diversidades e identidades de género.

En la parte final de la reunión se presentaron las experiencias de los sindicatos en relación con el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Luba Melo, secretaria de la mujer del Sindicato de Servidores Municipales de São Paulo (SINDSEP-SP), destacó el importante logro de las empleadas públicas durante el gobierno del alcalde Fernando Haddad con la promulgación en 2016 de la Ley 16.488, una legislación pionera -más amplia que el propio Código Penal- que pone freno al acoso sexual en el trabajo.

Sin embargo, ella también habló del aumento de las denuncias a partir de 2018, cuando el sindicato decidió no sólo enviar estas víctimas a las instituciones, sino también acogerlas, creando el Comité de Lucha contra el Acoso Sexual. Así comenzó la campaña “La política es pública, mi cuerpo no lo es”, que ha promovido una serie de talleres, clases públicas y publicaciones con el objetivo de informar y capacitar.

Luciana de Freitas, presidenta del Sindicato de Servidores Municipales de Presidente Prudente y Región (SINTRAPP), habló de la participación de la entidad en el curso de Fiscales Legales Populares. “Fuimos la sede de este curso que tiene como objetivo el empoderamiento de las mujeres a través del acceso a la información y la formación sobre la igualdad y el respeto de sus derechos como ciudadanas”, dijo Luciana, quien también destacó la participación del sindicato en el Frente por la Vida de las Mujeres, creado en 2018.

Por último, Denise Motta Dau destacó la importancia de que, en este año de elecciones municipales en Brasil, los próximos gobiernos se comprometan a adherirse políticamente al Convenio 190 de la OIT y elaboren, en colaboración con los movimientos y entidades sindicales, su propia legislación. “Es muy importante que las entidades sindicales dialoguen con estos candidatos para asumir esta agenda. Es posible avanzar a pesar de existir un presidente autoritario.”