Contexto

La pandemia de Covid-19 ha demostrado el inestimable valor de los servicios públicos.

A la vanguardia de la prestación de servicios y las respuestas de emergencia, los gobiernos locales y regionales (GLR) y sus trabajadores son esenciales para salvar vidas, proteger a las comunidades y el medio ambiente, e implementar políticas públicas locales, nacionales y globales más apropiadas.

Sin embargo, el Covid-19 también ha evidenciado otra pandemia mortal: el déficit de inversión y la falta de personal en los servicios públicos locales, con ‘desiertos de servicios’ que afectan a muchos territorios y comunidades, especialmente en las zonas rurales. Décadas de sistemática desfinanciación, austeridad, recortes en el presupuesto público, evasión fiscal, privatización, ‘reforma’ de los GLR y la prestación de servicios exclusivamente digitales, han causado extensos daños y profundizado las desigualdades.

El acceso a un flujo regular de recursos públicos sigue siendo problemático para la mayoría de los GLR del mundo. El Covid-19 ha agudizado esta crisis de financiación de los GRL. En este contexto, es fuerte la tentación de recurrir a parches rápidos y soluciones miopes para atraer capital privado. Las asociaciones público-privadas, los bonos municipales, la financiación mixta, así como la evaluación comparativa de la calificación crediticia de las ciudades en la competencia fiscal intermunicipal se presentan a menudo como soluciones mágicas para los GLR por parte de los defensores del mercado.

La ISP ha defendido sistemáticamente la justicia fiscal para los gobiernos locales y las comunidades, así como sistemas impositivos municipales más fuertes y progresivos. La confluencia de múltiples crises –pandémica, climática, social, económica, de desplazamiento y de guerra– exige que los trabajadores de GLR y sus sindicatos revisen las opciones de financiación existentes y exploren nuevas oportunidades disponibles para reforzar colectivamente el financiamiento público para asegurar la prestación equitativa de servicios públicos locales de calidad para todos.

Según una estimación realizada en 2020 por el autor de este documento, existen 910 bancos públicos en todo el mundo, con unos activos totales combinados de 48,71 billones de dólares.

Los bancos públicos son una herramienta política que la ISP ha identificado para posibilitar el fortalecimiento de los sistemas de financiación subnacionales con el fin de acceder a recursos para la provisión de servicios públicos locales y puestos de trabajo de calidad. Se trata de una cantidad increíble de recursos públicos a los que se podría dar un buen uso para trabajar por objetivos comunes, como impulsar la prestación de servicios públicos locales, la descarbonización, las políticas activas de empleo y el desarrollo socioeconómico inclusivo. Por ello, los bancos públicos –y su democratización– deberían ser una preocupación clave para los sindicatos de todo el mundo. Los sindicatos de la ISP pueden utilizar este informe para comprender qué son los bancos públicos, cómo funcionan (o deberían funcionar), dónde pueden encontrarse en sus comunidades locales, cómo concebir una buena gobernanza (incluida la participación de los trabajadores y de la comunidad) y cómo pueden movilizarse en favor del interés público.

¿Qué deben recordarnos las quiebras bancarias de Silicon Valley Bank (California), Signature Bank (Nueva York) y Credit Suisse (Suiza), en marzo de 2023, en nuestra lucha por afrontar los retos mundiales interrelacionados de las transiciones energéticas y la desigualdad estructural? Cuando los bancos están dirigidos y gobernados por el beneficio en lugar de por prioridades políticas justas y ecológicas, el gobierno, la sociedad y el medio ambiente acaban pagando el precio. ¿Qué deben recordarnos las quiebras bancarias de Silicon Valley Bank en California, Signature Bank en Nueva York y Credit Suisse en Suiza –ocurridas en marzo de 2023– mientras luchamos por afrontar los desafíos globales entrelazados de las transiciones energéticas y la desigualdad estructural? Cuando los bancos se dirigen y gobiernan en función de los beneficios y no de prioridades políticas ecológicas y justas, el gobierno, la sociedad y el medio ambiente acaban pagando el precio. Los avances en materia de clima e igualdad no sólo se estancan, sino que se invierten. En su lugar, el tiempo y los recursos se destinan a rescatar un modelo ya fracasado de crecimiento económico financiarizado y gobernanza corporativa. Lo que se necesita es una alternativa de banca pública democrática que sea dirigida por y para la sociedad, que se gobierne de forma responsable y transparente, y que tenga el mandato de llevar a cabo transiciones verdes y justas en interés del bien público.

La financiación pública de los servicios públicos locales de calidad surgió como una de las principales prioridades políticas de la Red Sindical Mundial LRG de la ISP durante sus consultasparticipativas a los miembros "LRGNext2021". Esta prioridad se refleja en el Plan de Acción 2022-27 de la Red Mundial de GLR de la ISP. En efecto, garantizar que los GLR dispongan de recursos públicos suficientes y seguros, así como el desarrollo de la capacidad de las afiliadas a la ISP en este ámbito, revisten una importancia primordial. La financiación regular, adecuada y apropiada de los GLR va de la mano del empleo de los trabajadores de los GLR y de unas condiciones laborales dignas, así como del acceso equitativo a unos servicios públicos locales de calidad en las comunidades y territorios.

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